El Colegio de Arqueólogos del Perú – Sede Departamental Ica expresó su preocupación por la situación reportada en los sectores de Socos, Parcela 3, Poroma y Pampa Chauchilla, en la provincia de Nasca, donde se ha advertido públicamente sobre posibles acumulaciones de residuos, desmontes, alteraciones superficiales y otras intervenciones. Ante ello, el gremio solicitó al Ministerio de Cultura realizar evaluaciones técnicas urgentes e individualizadas para determinar si existe afectación al patrimonio arqueológico.
Patrimonio en riesgo
Los especialistas aclararon que las denuncias y publicaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales constituyen una alerta, pero no permiten afirmar por sí solas que exista daño arqueológico. Será el Ministerio de Cultura el encargado de establecer oficialmente la naturaleza, magnitud y gravedad de las posibles alteraciones y, de confirmarse una afectación, disponer las medidas de protección, conservación o recuperación correspondientes.
El Colegio recordó que Nasca concentra bienes arqueológicos de excepcional importancia, algunos de los cuales cuentan con declaratorias, delimitaciones, medidas de protección y antecedentes administrativos. Asimismo, determinados sectores están vinculados al bien inscrito como Patrimonio Mundial “Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa”, aunque precisó que esta condición debe comprobarse mediante la cartografía oficial y no atribuirse automáticamente a todos los sitios arqueológicos de la provincia.
El gremio advirtió que la intervención tardía puede generar consecuencias irreversibles en áreas especialmente sensibles. “La protección del patrimonio arqueológico no debe comenzar después de su pérdida”, sostuvo en su pronunciamiento, al remarcar que las alteraciones pueden comprometer superficies arqueológicas, geoglifos, estructuras, depósitos y contextos que conservan información científica ligada directamente a su ubicación original.
Frente a esta situación, los arqueólogos solicitaron que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica y los órganos competentes del Ministerio de Cultura inspeccionen individualmente Socos, Parcela 3, Poroma y Pampa Chauchilla. Las evaluaciones deberán determinar la ubicación y extensión de las áreas comprometidas, su condición jurídica, las alteraciones existentes, los factores de riesgo, los antecedentes administrativos y si existen evidencias arqueológicas directamente afectadas.
También consideraron necesario diferenciar técnicamente entre acumulación de residuos, desmontes, alteración superficial, remoción de terreno, intervención no autorizada, afectación arqueológica, daño al Patrimonio Cultural de la Nación y alteración paisajística. El Colegio explicó que cada escenario presenta un nivel de gravedad distinto y, por tanto, requiere medidas específicas por parte de las autoridades.
La institución puso especial énfasis en las labores destinadas a recuperar o limpiar estos espacios. Advirtió que el retiro de basura o desmontes no debe ejecutarse de una manera que termine generando nuevos daños. Por ello, cualquier limpieza, delimitación, instalación de infraestructura o intervención física deberá ser previamente evaluada por la autoridad cultural competente.
Sin embargo, el Colegio precisó que no toda limpieza superficial requiere necesariamente el mismo instrumento arqueológico. Las exigencias deberán establecerse considerando las características del bien, la profundidad de los trabajos, el movimiento de terreno, la existencia de evidencias arqueológicas, el empleo de maquinaria y el nivel de riesgo. El objetivo, señalaron, es impedir que una acción destinada a proteger un sitio termine ocasionando una afectación adicional.
La protección de estas áreas tampoco debería quedar únicamente en manos del sector Cultura. El gremio planteó una intervención articulada entre el Ministerio de Cultura, gobiernos locales, Gobierno Regional, Ministerio Público, Policía Nacional y otras instituciones competentes, con inspecciones de campo, registros fotográficos, coordenadas georreferenciadas, planos y antecedentes administrativos que permitan adoptar decisiones sustentadas técnicamente.
En su pronunciamiento, el Colegio formuló 8 acciones, entre ellas evaluar individualmente los cuatro sectores advertidos, determinar la magnitud de las alteraciones, establecer su condición jurídica, disponer medidas inmediatas de protección o recuperación, definir procedimientos para las labores de limpieza, fortalecer la vigilancia preventiva, articular la intervención de las instituciones y establecer mecanismos de seguimiento periódico sobre el estado de conservación.
Finalmente, el Colegio de Arqueólogos del Perú – Sede Departamental Ica aclaró que su pronunciamiento no pretende atribuir anticipadamente responsabilidades personales o institucionales, sino conseguir que las alertas sean verificadas con rigor. “Debe construirse mediante conocimiento, prevención, vigilancia, coordinación y decisiones oportunas”, señaló al reafirmar su disposición de brindar apoyo técnico para evitar que eventuales riesgos produzcan consecuencias irreversibles sobre el patrimonio arqueológico de Nasca.
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