Dos sujetos han sido enviados a la , se presume que usaban a un adolescente de 16 años para que intercepte a menores y con amenazas robe celulares y pertenencias. La captura de los investigados se logró tras una intensa persecución policial, donde incluso los agentes tuvieron que ejecutar para reducir a los sujetos que iban en una mototaxi, en Chincha.

Investigan delito

El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha logró que se dicte 9 meses de prisión preventiva contra Jean Piero Sánchez Rodríguez y Segundo Cruz Cubas Llale, investigados por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de un menor de 14 años de edad.

El fiscal adjunto provincial Alejandro Santiago Almeida Donaire, a cargo de la investigación, informó que los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2026, en el distrito de Pueblo Nuevo, en Chincha. Según las investigaciones, el menor fue interceptado por un adolescente de 16 años, quien lo insultó y agredió físicamente en un violento forcejeo para despojarlo de su celular, ocasionándole además una lesión en el rostro.

Tras el hecho, el adolescente huyó a bordo de una mototaxi conducida por el investigado Jean Piero Sánchez Rodríguez, vehículo en el que también viajaba Segundo Cruz Cubas Llale. La fuga originó una persecución policial durante la cual los efectivos realizaron disparos disuasivos al aire debido a las maniobras temerarias del conductor, quien hizo caso omiso a las órdenes de detención. Finalmente, el vehículo fue intervenido y los investigados reducidos por la Policía, recuperándose el equipo celular del menor, el cual se encontraba oculto debajo del asiento del conductor.

De manera inmediata, el representante del Ministerio Público, en coordinación con la Policía, dispuso la ejecución de las diligencias urgentes e inaplazables, permitiendo recabar fundados y graves elementos de convicción que vinculan a los investigados con los hechos materia de investigación.

Durante la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, el fiscal Alejandro Santiago Almeida Donaire sustentó la concurrencia de los presupuestos establecidos por ley para la imposición de esta medida coercitiva, presentando principales elementos de convicción, obteniendo así que el Poder Judicial declare fundado su requerimiento.

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