Rita Elena Mamani García denunció públicamente que enfrenta una orden de desalojo en un plazo de cinco días de la vivienda que ocupa en el caserío San Martín de Porres, en Ica, tras un proceso judicial y una conciliación firmada con su hermana.
Casa en disputa
Según relató, el conflicto se originó en 2024, cuando retornó de Lima a Ica para que su hija iniciara el nivel inicial. Explicó que existen dos propiedades heredadas de sus padres: una ubicada en prolongación Grau, inscrita en Registros Públicos, y otra en San Martín de Porres, que no cuenta con formalización. Indicó que inicialmente vivió en la casa de Grau, donde creció, pero tras constantes desacuerdos con su hermana se trasladó al otro predio.
Mamani García sostuvo que en el inmueble de San Martín construyó y realizó mejoras con recursos propios, incluyendo un segundo piso, además de gestionar los servicios básicos de agua y luz. “Tengo los recibos de todo lo que he construido”, afirmó, señalando que el lote fue dividido y que ocupa el área de material noble, mientras que otra parte es de adobe y presenta riesgo de colapso.
La denunciante manifestó que la relación con su hermana se deterioró por presuntos actos de violencia psicológica y agresiones físicas, algunas, según dijo, en presencia de sus hijas de 3 y 5 años. Aseguró que presentó denuncias en Parcona por cortes de agua y luz, así como por un incidente en el que, presuntamente, su hermana habría retirado un balón de gas mientras la cocina estaba encendida.
Explicó que firmó una conciliación en un contexto de depresión y temor por la salud emocional de sus hijas, cediendo derechos sobre ambos bienes. Sin embargo, posteriormente interpuso una demanda de nulidad al considerar que el acuerdo no fue equitativo. “Yo firmé por salvar a mis hijas”, declaró.
De acuerdo con su versión, al tomar conocimiento del proceso de nulidad, su hermana habría solicitado la ejecución de la conciliación, lo que derivó en la actual orden de desalojo del inmueble en San Martín. Mamani señaló que la vivienda en Grau presenta rajaduras estructurales y carece de agua potable, por lo que no sería habitable.
Finalmente, la odontóloga pidió la intervención de las autoridades judiciales para revisar su caso y evitar que ella y sus menores hijas queden desamparadas. Indicó que actualmente recibe asesoría legal y reiteró su pedido de justicia frente a un conflicto familiar que, asegura, la ha afectado emocional y económicamente.
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