Un operativo de desalojo en el distrito de Santiago, en la provincia de Ica, terminó en violencia, denuncias de abuso policial y una fuerte reacción ciudadana, luego de que una mujer con discapacidad resultara herida en medio de la intervención.
Violencia contra familia
El caso involucra a la familia Ascencio Carpio, que asegura haber vivido por más de 60 años en el inmueble ubicado en la alameda de Santiago. Según denuncian, la vivienda habría sido vendida de manera irregular por una de las hermanas, Simone Ascencio Carpio, por un monto de 14 mil soles, sin el consentimiento del resto de los 13 herederos.
“Mi hermana ha vendido nuestra casa sin decirnos nada. Somos 14 hermanos y recién nos enteramos cuando llegó la orden de desalojo. Es una injusticia”, declaró Eliana Ascencio, quien actualmente representa a la familia.
La situación resulta aún más delicada debido a que en el inmueble vive una mujer con discapacidad física y mental, quien —según familiares y vecinos— depende del entorno donde ha residido toda su vida. “Mi madre me dejó la casa para cuidar a mis hermanos, incluida mi hermana con discapacidad. No le ha importado su condición y aun así han vendido la casa”, añadió.
La mañana del desalojo de ayer, un fuerte contingente policial llegó a la zona para ejecutar la medida. Sin embargo, la intervención derivó en enfrentamientos con vecinos y familiares, quienes se atrincheraron en la vivienda, quemaron llantas y colocaron carteles exigiendo justicia.
Testigos acusan a los agentes de haber actuado con uso excesivo de la fuerza. “Los policías han empujado a la señora con discapacidad con sus escudos, le han roto la cabeza. La dejaron ensangrentada”, relató un vecino que presenció los hechos.
Las imágenes captadas en el lugar muestran a la mujer herida, con sangre en el rostro, mientras era auxiliada por familiares. “No es posible que traten así a una persona vulnerable. Esto no es justicia, es abuso”, expresó otra residente de la zona.
A ello se suma la denuncia sobre la presunta presencia de personas desconocidas durante el operativo. “Han entrado los matones por la parte de atrás”, señalaron, aumentando la preocupación por la forma en que se ejecutó la intervención.
Proceso bajo cuestionamiento
El abogado de la familia cuestionó la legalidad del desalojo y aseguró que no existe una resolución firme que lo respalde. “El juez no ha emitido una resolución definitiva. Este desalojo se ha intentado ejecutar de manera irregular”, sostuvo.
Asimismo, indicó que la familia ha iniciado un proceso de prescripción adquisitiva, presentando múltiples pruebas que acreditarían la posesión del inmueble por más de seis décadas.
“Tenemos documentos, certificados y pruebas firmadas por todos los hermanos. Hemos vivido aquí más de 60 años. No pueden desconocer ese derecho”, explicó otra integrante de la familia.
El caso es evaluado actualmente por el juez Romel Anayhuaman Andia, del Tercer Juzgado Civil de Ica, quien asumió el proceso tras la salida de la anterior magistrada. La familia también cuestionó decisiones previas dentro del expediente y pidió una revisión exhaustiva.
La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Decenas de vecinos salieron en defensa de la familia, asegurando conocerlos desde hace décadas. “Hemos crecido con ellos, sabemos que esta casa es suya desde siempre. No pueden venir a sacarlos así”, comentó un vecino.
“El papá de la familia trabajó en la cooperativa Santa Margarita. Ellos han construido su vida aquí. Esto es totalmente injusto”, agregó otro poblador.
Tras los hechos, la defensa legal anunció que presentará denuncias por presunto abuso de autoridad. “Vamos a proceder contra los responsables. Aquí ha habido una agresión evidente, especialmente contra una persona con discapacidad”, indicó el abogado.
También se evalúa denunciar a mandos policiales y no se descarta incluir a autoridades judiciales si se determina responsabilidad en la ejecución del operativo.
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