Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, el sistema de inteligencia financiera del Estado peruano ha puesto cifras concretas a una realidad que desde hace años se percibe en diferentes provincias y departamentos, pero que pocas veces se mide en términos económicos reales: la minería ilegal es hoy el principal motor del lavado de activos en el país.
Redes financieras
Así lo confirman los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), que revelan un volumen de dinero ilícito de proporciones históricas con respecto a esta economía ilegal.
Los datos son contundentes. En una década, los IIF emitidos por la UIF-Perú involucran USD 11 969.7 millones, una cifra que supera ampliamente los presupuestos anuales de varios ministerios y que refleja el verdadero tamaño del crimen económico en el Perú. Más de la mitad de ese monto —el 55%— tiene como delito precedente la minería ilegal, confirmando que el oro ilegal y otros minerales no solo devastan territorios, sino que alimentan complejas redes financieras que atraviesan el sistema formal.
El análisis de los IIF muestra que la minería ilegal no es solo una actividad extractiva informal, sino un negocio financiero altamente sofisticado. El 48 % del monto total identificado en las tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) corresponde al uso de recursos ilícitos o no justificados destinados u obtenidos de la inversión en el sector minero, principalmente oro ilegal.
Este patrón revela que el dinero no se queda en las zonas de extracción. Por el contrario, fluye hacia inversiones, compra de activos, movimientos bancarios y estructuras empresariales que buscan dar apariencia de legalidad a capitales de origen criminal. El oro se convierte así en un vehículo ideal: alto valor, fácil transporte y alta demanda internacional.
A esta tipología le sigue, con un 21 %, la canalización de fondos ilícitos a través de productos financieros y de inversión, lo que incluye cuentas bancarias, transferencias, instrumentos financieros y operaciones comerciales que diluyen el rastro del dinero.
La magnitud del problema también se refleja en el volumen de reportes. Entre 2015 y 2025, la UIF-Perú recibió 170 553 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), enviados por bancos, cooperativas, casas de cambio, notarios, empresas, y otros sujetos obligados del sistema de prevención de LA/FT.
Cada ROS representa una señal de alerta sobre movimientos financieros que no guardan relación con la capacidad económica del usuario, presentan patrones inusuales o están vinculados a actividades de alto riesgo. Aunque no todos derivan en procesos judiciales, el volumen evidencia una presión constante del crimen organizado sobre el sistema financiero formal.
El fenómeno no se limita al ámbito nacional. Las Comunicaciones de Inteligencia Financiera Nacional e Internacional emitidas por la UIF-Perú entre 2015 y 2025 alcanzan un monto involucrado de USD 204 580.7 millones, una cifra que revela la dimensión transnacional del lavado de activos.
En este universo de operaciones, la minería ilegal sigue ocupando el primer lugar, con el 39 % del monto total. Le siguen los delitos contra la administración pública (16 %), el tráfico ilícito de drogas (10 %), los delitos contra el patrimonio (4%) y un 31 % asociado a otros delitos. Estos datos confirman que el oro ilegal convive y se articula con otras economías criminales, desde la corrupción hasta el narcotráfico.
Durante años, la minería ilegal fue tratada principalmente como un problema ambiental o laboral. Hoy, las cifras de la UIF-Perú obligan a mirarla como lo que realmente es: una de las principales amenazas económicas y de seguridad para el Estado.
El dinero que se lava a través de la minería ilegal financia extorsión, compra de armas, corrupción de autoridades, tráfico de tierras y control territorial, especialmente en regiones como La Libertad, Pataz, Madre de Dios, Amazonas y el sur andino. Cada dólar que logra ingresar al sistema financiero sin ser detectado refuerza la capacidad operativa de las organizaciones criminales.
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