La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica participó en una diligencia fiscal de inspección destinada a verificar posibles afectaciones al Paisaje Arqueológico Líneas y Geoglifos de Bogotalla – Tulin, ubicado en el distrito de El Ingenio, provincia de Nasca, departamento de Ica.
Golpe contra la minería ilegal
La diligencia se realizó de manera conjunta con la Fiscalía Especializada en Patrimonio Cultural, la Policía Nacional del Perú, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ica (DREM Ica) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, con el objetivo de constatar en campo las actividades e instalaciones existentes en el sector.
Durante la inspección, el equipo técnico de la DDC Ica verificó la presencia de infraestructura asociada aparentemente a actividades mineras, incluyendo estructuras utilizadas como depósitos de minerales, agregados y accesorios de maquinaria pesada. Asimismo, se identificaron estructuras de material noble que ocupan un área aproximada de 300 metros cuadrados.
En el lugar también se constató la presencia de maquinaria pesada, depósitos de minerales y líquidos, generadores eléctricos, un contenedor y un campamento, además de evidencias de excavación y remoción de terreno mediante maquinaria pesada.
Como parte de la inspección se verificó, además, la habilitación de una trocha carrozable de aproximadamente 100 metros de longitud, así como otra vía de aproximadamente 500 metros en el sector este. También se identificó una abertura tipo boca mina, de aproximadamente 1.5 metros de altura por 2 metros de ancho.
Estas actividades se desarrollan en un espacio que forma parte del Paisaje Arqueológico Líneas y Geoglifos de Bogotalla – Tulin, declarado Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Directoral N.° 000381-2025-DGPA-VMPCIC/MC, de fecha 22 de octubre de 2025. Asimismo, el sector se encuentra comprendido dentro del área de reserva arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.
Durante el recorrido, el equipo técnico constató que las excavaciones y la remoción del terreno vienen generando alteraciones en la superficie del terreno e impacto visual sobre el entorno paisajístico del bien cultural. Asimismo, se determinó que el geoglifo más cercano se encuentra aproximadamente a 70 metros del área donde se vienen desarrollando las excavaciones.
Ante esta situación, durante la diligencia la DDC Ica exhortó a no continuar con la ampliación de las excavaciones, como medida preventiva orientada a evitar posibles afectaciones a las evidencias arqueológicas y a los geoglifos ubicados en la parte superior del cerro.
Fiscalía en el operativo
Por su parte, el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ica, tras la inspección fiscal en el Paisaje Arqueológico Geoglifo de Bogotalla, informaron que durante la diligencia se constató una grave afectación territorial de aproximadamente 40 hectáreas debido a trabajos de remoción de tierras, excavaciones y la edificación de un campamento minero.
El operativo estuvo liderado por los fiscales provinciales José Alejandro Meléndez Curasi y José Luis Ortecho Lévano, quienes estuvieron acompañados de arqueólogos y asesores legales del Ministerio de Cultura (DDC Ica), representantes del Ministerio de Energía y Minas, representantes del Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio Nasca-Palpa, con el resguardo de la Policía Nacional del Perú.
En el área arqueológica, las autoridades intervinieron una tranquera metálica custodiada por un ciudadano, quien inicialmente bloqueaba el acceso vehicular manifestando seguir órdenes de un tercero. Tras las exigencias de la comitiva fiscal y policial, se permitió el ingreso hacia el núcleo de la zona afectada.
En el lugar, las autoridades verificaron una transformación radical del ecosistema y del terreno protegido, tales como la destrucción del paisaje mediante el uso de maquinaria pesada, como excavadoras frontales y volquetes, hallazgo de bocamina clandestina, Infraestructura ilegal con un edificio de concreto de cuatro pisos en fase reciente de construcción, así como un campamento rústico construido con adobe, barro y esteras.
Durante el desarrollo del acta, el Ministerio Público identificó en flagrancia a cinco trabajadores en la zona de operaciones, quienes desempeñaban labores como obreros de construcción, ayudantes y encargados del traslado de los sacos de mineral procesado.
El Ministerio Público, en coordinación con las autoridades de Cultura, procederá con las acciones legales y las carpetas de investigación correspondientes contra los responsables de estos actos, los cuales vulneran de forma directa el patrimonio arqueológico de la nación y configuran presuntos delitos ambientales en la modalidad de minería ilegal.
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