La Municipalidad Distrital de Marcona vuelve a estar bajo la lupa de la Contraloría General de la República. Esta vez, el órgano de control detectó deficiencias en el registro de contratos de consultoría dentro del sistema estatal SIRICC, una situación que compromete la transparencia en el uso de recursos públicos y limita la fiscalización de servicios contratados por la comuna.
Gestión con observaciones
De acuerdo con el informe, una de las principales deficiencias detectadas es la existencia de expedientes SIAF pendientes de vinculación o exclusión en el Sistema de Registro para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado (SIRICC), plataforma diseñada para supervisar las contrataciones realizadas por las entidades públicas. Esta omisión impide que la información de los contratos quede correctamente registrada y disponible para fines de control.
La Contraloría señala que esta irregularidad se habría mantenido durante un extenso periodo comprendido entre los años 2015 y 2025, debido a que la Oficina de Abastecimiento de la municipalidad no ejecutó los procedimientos necesarios para actualizar los registros en el sistema. Como consecuencia, existe un vacío administrativo que dificulta conocer con precisión la totalidad de consultorías contratadas por la comuna en la última década.
A ello se suma una segunda observación: la existencia de contratos de consultoría que fueron suscritos pero que aún no han sido publicados en el aplicativo SIRICC. Esta falta de registro afecta la trazabilidad del gasto público y debilita los mecanismos de seguimiento y supervisión sobre los recursos destinados a servicios de consultoría, generando riesgos para la transparencia institucional.
Si bien el informe no detalla montos específicos ni nombres de contratos observados, la Contraloría advierte que estas omisiones afectan el control integral de los procesos de contratación desarrollados por la municipalidad en dicho periodo. En términos prácticos, la ausencia de información actualizada impide verificar oportunamente cómo se ejecutaron esos recursos y si los servicios contratados cumplieron con los objetivos previstos.
Ante esta situación, la Contraloría notificó formalmente al alcalde distrital, Joel Rosales Pacheco, para que adopte medidas preventivas y correctivas inmediatas. Además, otorgó a la municipalidad un plazo máximo de cinco días hábiles para remitir un informe con las acciones implementadas, acompañado de la documentación que sustente la regularización de los registros pendientes.
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