La provincia de Nasca vive semanas de protestas continuas contra el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), entidad que interviene la empresa prestadora de agua Emapavigs S. A. desde 2016. Cientos de pobladores se movilizaron para denunciar la falta de inversiones efectivas en el sistema de saneamiento y reclamar mejoras en el abastecimiento hídrico. Reclaman nueve años sin proyectos que garanticen un servicio adecuado.
Reclamos de la población
Ayer se llevó a cabo una mesa de diálogo en la que participaron el viceministro de Vivienda, Christian Barrantes, el congresista Jorge Marticorena, el alcalde de Nasca, Jorge Bravo, así como representantes de OTASS, Emapavigs S. A. y otras autoridades locales. Sin embargo, la reunión se desarrolló con acceso restringido a la prensa y concluyó sin acuerdos concretos que satisfagan a la población.
Según el viceministro Barrantes, la permanencia de OTASS está condicionada a la situación financiera de Emapavigs S. A. “Las empresas que entran a ser gestionadas por OTASS son empresas en crisis y, por eso, el Estado las asume temporalmente. La normativa indica que la Sunass evalúa anualmente si las empresas superan su problemática; algunas salen en seis o siete años, pero esta EPS lleva 9 años intervenida. Nuestro interés es que la gestión vuelva lo antes posible a la Municipalidad Provincial de Nasca”, explicó.
Además, detalló que los informes técnicos se presentarán a fines de diciembre, mientras que el financiero se entregará en febrero o la primera semana de marzo de 2026, momento en el que se podría iniciar el retiro de OTASS, según el marco legal vigente.
Estas declaraciones generaron indignación entre los manifestantes, quienes consideran que el tiempo transcurrido y la falta de inversiones son inaceptables. Vecinos provenientes de diferentes sectores, incluyendo Marcona, Poroma, Pajonal y Bella Unión denunciaron que el servicio es deficiente, con cortes constantes y agua disponible solo por media hora en algunos distritos.
“Estamos hartos de OTASS y sus abusos. La municipalidad debe hacerse cargo del servicio de agua; en Marcona también tenemos problemas, pero en Nasca la situación es peor”, señaló un poblador.
Los dirigentes locales, como Juan Carlos Fernández Quispe, exigieron medidas inmediatas. “Hemos sido claros: OTASS debe retirarse cuanto antes. El Ministerio debe acelerar los mecanismos técnicos y legales para que se cumpla la salida definitiva bajo la ley”, afirmó.
Por su parte, Luis Gutiérrez Sánchez agregó: “No hemos llegado a ningún acuerdo porque el viceministro dice que OTASS solo presentará sus balances en febrero y marzo del 2026. Nosotros exigimos que se retire en enero del próximo año, y que las autoridades activen los mecanismos legales para hacerlo efectivo. Su visita no resolvió nada; parecía un acto protocolar más que una solución real”.
La reacción de la población fue inmediata y hostil hacia los representantes políticos. Durante la salida del congresista Marticorena, los manifestantes lo repudiaron con gritos como: “Fuera de Nasca” y “No luchas por el pueblo”. El viceministro Barrantes también se retiró entre abucheos, reflejando el profundo descontento ciudadano ante la falta de respuestas concretas frente a la crisis hídrica que afecta a miles de usuarios.
Mientras la comunidad exige soluciones inmediatas, el marco legal y los plazos administrativos planteados por las autoridades han generado frustración y desconfianza, dejando en evidencia la urgencia de un plan efectivo que asegure la gestión local del servicio y garantice el abastecimiento adecuado de agua para la provincia.
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