El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Michael Isaac García Chaico,, investigado por la muerte de Anaís Ventura Saravia, joven madre de 3 hijos asesinada durante una fiesta de cumpleaños en el centro poblado de Bernales, en el distrito de Humay (Pisco). La fue dispuesta mientras continúan las investigaciones por este crimen que conmocionó a toda la provincia de Pisco.

Confeso homicida

Según la resolución judicial, Michael García Chaico deberá cumplir la medida de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de la provincia de Chincha, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional continúan recabando elementos de prueba para esclarecer totalmente los hechos y determinar la posible participación de otras personas en el caso.

Como se recuerda, días atrás agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizaron la reconstrucción del crimen bajo estrictas medidas de seguridad. Durante la diligencia, el investigado habría confesado ser el autor de los disparos que acabaron con la vida de Anaís Ventura Saravia, quien falleció de manera instantánea tras recibir varios impactos de bala durante una reunión social realizada en Humay.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el imputado reconoció haber efectuado los disparos y posteriormente arrojar el arma homicida en la vía pública antes de darse a la fuga, permaneciendo varios días en la clandestinidad.

Asimismo, familiares de la víctima exigieron justicia y pidieron que el detenido revele quién le habría proporcionado el arma utilizada en el crimen, debido a que consideran que existirían más involucrados en este hecho de sangre.

Durante la reconstrucción de los hechos también se vivieron momentos de tensión, luego que familiares del detenido le gritaran que “diga la verdad”, insinuando presuntamente que estaría siendo amenazado para no revelar a quién pertenecería el arma utilizada en el asesinato. Mientras tanto, las investigaciones continúan y la población espera que este caso sea esclarecido plenamente.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades conforme a ley. Según la prognosis de pena, el investigado podría afrontar una condena de hasta 30 años de pena privativa de libertad efectiva.

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