Con apenas 17 años, una joven de nacionalidad venezolana fue llevada con engaños al corazón de la zona minera de Retamas, en la provincia de Pataz. Sus captores le ofrecieron estadía, entregarle un cuarto y pagarle un buen salario a cambio de laborar solo 8 horas. No fue así, la explotaron sexualmente en un bar clandestino.
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La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Fistrap) la rescató en un operativo ejecutado en articulación con la Policía. Ella es tan solo uno de los 97 casos registrados en el año.
Ilegal. “La trata de personas ha estado en el tercer puesto de delito más lucrativo, luego del tráfico ilícito de drogas y de armas; incluso, se habla de que podría convertirse en el segundo delito de mayor generación de recursos económicos para los delincuentes”, explicó la fiscal provincial María Horna Torres, de la Fistrap.
También reveló que durante este año, en esta fiscalía especializada se han registrado 138 denuncias; de las cuales, en los delitos investigados destacan: trata de personas (97 casos), explotación sexual (41), favorecimiento a la prostitución (63); asimismo, pornografía infantil (7), proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales (4), tráfico ilícito de migrantes (3), explotación laboral (2), esclavitud sexual (1), proxenetismo (1) y trabajo forzoso (6).
“En el rango etario de víctimas, tenemos que la mayoría oscila entre 25 a 34 años; 14 víctimas tienen entre 0 a 12 años”, precisó la fiscal.
Actualmente, hay 33 investigados con prisión preventiva. Ahí destacan Paulina Tantalean Yumbato y Evelin Alvarado Vásquez, implicadas en el delito de trata de personas agravada, contra la joven venezolana de 17 años, cuya identidad se mantiene en reserva.
Este delito constituye una expresión extrema de violencia contra la mujer. Hoy, Paulina Tantalean y Evelin Alvarado podrían afrontar una pena de hasta 25 años de cárcel, teniendo en cuenta que expusieron a una menor de edad.
Captación. La Libertad es la sexta región con mayor número de denuncias por personas desaparecidas a nivel nacional. Solo entre enero y agosto de este año, aquí se reportaron 526 casos de mujeres desaparecidas. José Luis Agüero, representante de la Defensoría del Pueblo de La Libertad, afirma que varios de estos casos están relacionados con la trata de personas.
“Las mafias que captan sobre todo a adolescentes y jóvenes vienen a Trujillo y desde acá las mandan a las fronteras, a las minas u otro país. Esa es una preocupación”, indicó.
Además, señaló que las adolescentes “caen” en bares o discotecas ubicadas en Huamachuco, Pataz, La Esperanza, Virú y Trujillo. Todas son captadas a través de redes sociales u ofertas laborales falsas.
