Han pasado dos meses desde que entró en vigencia la declaratoria de estado de emergencia por inseguridad ciudadana en las provincias de Trujillo, Ascope, Pacasmayo, Chepén y Virú. Desde entonces, se han perpetrado 46 asesinatos, más del 50% en la provincia capital de la región La Libertad.
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La medida ha sido importante para la Policía, pues le ha significado un avance crucial en el allanamiento de inmuebles de presuntos criminales; sin embargo, hay autoridades que consideran que todo quedó en un “acto declarativo”.
Respaldo
Desde el inicio de su gestión, el director de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, Jorge Angulo Tejada, respaldó el pedido de emergencia planteado por el gobernador Manuel Llempén, el alcalde de Trujillo (José Ruiz) y otras autoridades ediles. De acuerdo con el oficial, la medida, publicada el 26 de marzo, les brindaba facilidades en la lucha contra la delincuencia.
“Me dan la oportunidad para poder allanar cualquier lugar en donde inteligencia ha detectado que hay guarida de delincuentes, vamos a entrar con fuerza. Los ciudadanos no deben tener miedo, quienes deben tener miedo son los que están involucrados en hechos delictivos”, señaló.
El oficial Jorge Angulo incluso también apoyó la ampliación de la emergencia por 45 días; este pedido fue ratificado por el Gobierno Central el último 10 de mayo, pero las provincias del ande de la región no fueron consideradas. Aún así, la Policía realizó un “balance positivo” del primer periodo de la emergencia.
“En las provincias declaradas en emergencia se ha reducido a 75% los muertos”, sostuvo el general Angulo, antes de la prórroga de la emergencia.
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Actualidad
A nivel de Gobierno Central, la medida fue publicada cuando el ministro del interior era Alfonso Chávarry; hoy la ampliación se da con un nuevo titular en esta cartera ministerial: Dimitri Senmache Artola. Según el gobernador regional Manuel Llempén, la situación en el Ejecutivo es insostenible; cuestionó que hasta ahora no haya una respuesta a la solicitud de presupuesto y el plan operativo.
“Aquí hay una gran realidad, todo lo que siempre he venido pidiendo, el plan operativo con su presupuesto y el respectivo recurso humano no se ha dado, por eso ya me estoy comunicando con el nuevo ministro”, sostuvo.
Analiza
El coronel en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) Roger Torres Mendoza dijo que su institución no tiene responsabilidad sobre los resultados no obtenidos a un mes de la culminación del estado de emergencia. Según indicó, el problema pasa por el gobierno regional y los gobiernos locales.
“Sus efectos no han sido los esperados por la sociedad. Si bien es cierto la Policía pone todos sus esfuerzos y sacrificio para poder captura e intervenir a las bandas, no hay un trabajo articulado. Lo más importante es que sí sale un estado de emergencia publicado por el Ejecutivo; sin embargo, el gobierno regional no ha aprobado el plan de acción de seguridad ciudadana de este año; entonces, qué podemos esperar. Ha salido un estado de emergencia sin ninguna base que fundamente la medida por parte del gobierno regional”, indicó.