El gobernador regional de La Libertad en funciones pidió la intervención inmediata del Poder Legislativo o Ejecutivo.
El gobernador regional de La Libertad en funciones pidió la intervención inmediata del Poder Legislativo o Ejecutivo.

Para el gobernador regional de La Libertad en funciones, Ever Cadenillas, la y la crítica situación por la que pasa el país en seguridad ciudadana amerita que desde el Legislativo o Ejecutivo se evalúe adecuadamente la posibilidad de adoptar sanciones más severas contra los sicarios, extorsionadores y actos de corrupción donde se afecte al Estado.

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“Las muertes que estamos viendo a diario por los medios de comunicación en casi todo el país amerita medidas extremas. Es una situación de emergencia y de crisis que no se puede dejar pasar o seguir tolerando sin que el Estado intervenga, Es necesario el endurecimiento de las penas para que esto no se siga saliendo de control”, sostuvo.

También precisó que se necesita intervenir de manera urgente para poner alto a todo lo que viene ocurriendo no solo en La Libertad sino en casi todo el Perú.

“El país se está desangrando y el sistema de justicia no da más. La situación es apremiante”, señaló,

Un país donde no hay garantías en seguridad ciudadana no sirve para atraer inversiones y el desarrollo se traba o contrae.

“Hay que ponerle un alto a esto. Creo que si el Gobierno Nacional no quiere hacerlo el Congreso tendría que evaluar qué se puede hacer. No podemos dejar que las muertes que vemos a diario se conviertan en algo común. Nuestros hijos no merecen que les dejemos un país así. Si hay que salir del Pacto de Costa Rica para que se instaure la pena de muerte para casos de asesinatos u homicidios calificados, se tendrá que evaluar”, añadió.

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Para Cadenillas, hay la necesidad de establecer modificaciones normativas a la legislación penal, especialmente en lo que respecta a que las penas sean más severas para casos de sicariato, extorsiones o crimen organizado; ayudando así a combatir otros males que se están incrementando, como la delincuencia común o la violencia contra las mujeres.

“Se debe declarar en emergencia y reestructurar el sistema penitenciario. No es posible que desde el interior de los penales se planifiquen asesinatos y se hagan llamadas para extorsiones”, apuntó.

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También se tienen que modificar las normas sobre el tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal ante el incremento de casos en los que estos vienen participando.

“Hay que optimizar los procedimientos de extradición contra quienes han delinquido afectando al Estado y hasta ahora no pueden ser repatriados; hay que expulsar con mayor celeridad a los extranjeros que vienen a delinquir. Se tiene que fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos y minería ilegal modificando la legislación al respecto. Hay muchísimo que hacer en materia de seguridad ciudadana. La delincuencia ha sobrepasado lo que puede hacer la Policía Nacional. No podemos dejar que esto siga pasando sin que se haga nada al respecto”, puntualizó.

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