Siete de 11 municipios de la provincia de Trujillo designaron como gerentes y jefes de áreas a personas que no cumplirían con los requisitos mínimos para ocupar esos puestos, según la Contraloría. Algunos gobiernos locales, además, superaron el límite de funcionarios de confianza permitidos por ley.
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Incumplen
La gestión de Arturo Fernández en la municipalidad de Trujillo tiene una de las peores inversiones de la provincia. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en estos primeros ocho meses de gestión solo ejecutó el 14.7% de su presupuesto asignado para obras.
Para el analista político Miguel Rodríguez Albán, esto se daría por la inestabilidad que se vive en esa administración, que ya ha cambiado a más de 70 funcionarios, y por la designación de personal no calificado para esos cargos.
Esto se podría corroborar con el informe de Visita de Control N° 027-2023-OCI/0424-SVC, que emitió el 1 de agosto último la Contraloría. Ahí alertó que el burgomaestre Arturo Fernández “designó directivos públicos de libre designación y remoción sin acreditar el cumplimiento de requisitos mínimos que lo sustentan, situación que limita el acceso a puestos que conlleven al cumplimiento de sus fines institucionales”.
El documento da cuenta de que cinco funcionarios no cumplirían con lo establecido para ocupar cargos. Entre ellos estaría el gerente de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil, Christian Alva Rodríguez, quien no tendría los 4 años de experiencia que se necesitan (solo acreditó 3 años, 8 meses y 13 días).
Otro que no cumpliría es el ingeniero Romeo Aranda Cirilo (gerente de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial). Según la Contraloría, solo tendría 7 meses y 3 días de experiencia. Además, hasta el día que se emitió el informe de control, no estaba habilitado en su colegio profesional.
También se observa a Laura Álvarez Fernández, exgerente de Imagen Institucional, porque “no se encuentra hábil en el colegio profesional respectivo (Relacionistas Públicos) y en su legajo no obra documento de habilidad”. Álvarez renunció al cargo tres días después de que se notificara de este informe al municipio. Ella dijo que se iba por “mejoras laborales y personales”.
Asimismo, Grhobertd Falvy Loli (gerente de Administración y Finanzas) e Himer Gómez Guerrero (gerente de Seguridad Ciudadana) no estarían habilitados por sus colegios profesional para ejercer cargos públicos. Hay que indicar que Himer Gómez renunció a su puesto el 14 de julio y el último lunes volvió a reiterar su decisión al alcalde, que ayer designó en su reemplazo a Nilza Gonzáles Rodríguez.
En el municipio de El Porvenir, el órgano de control advirtió que “de los 26 funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, 15 no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Ley N° 31419″.
Otros más
En la comuna de Florencia de Mora, se designó a Jeancarlos Llorca Murga (gerente de Administración Tributaria) y a Roger Zerpa Rodríguez (gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura), a pesar de que no cumplirían con la experiencia mínima para ocupar los cargos en los que fueron colocados.
En el municipio de La Esperanza, asimismo, se detectó que Samuel Tapia De La Cruz (gerente de Desarrollo Social y Promoción de la Familia) y Wilver Fernández Santos (gerente de Asesoría Jurídica) tampoco cumplirían con la experiencia mínima requerida.
En Víctor Larco, en tanto, se se designó a Darlyn Tolentino Salinas como gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura. No obstante, él no suscribió su declaración jurada de no tener impedimentos para ser designado en ese cargo público.
Infringen ley
En el caso de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, la Contraloría detectó que ha “superando el tope máximo de personal de confianza”, establecido en “el artículo 6 de la Ley N° 314191, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción”.
El documento indica que la gestión de Efraín Bueno designó a 42 funcionarios, pese a que la ley solo le permitía colocar en ese tipo de cargos a 24 profesionales. Esto porque “el número de servidores de confianza en ningún caso es mayor al cinco por ciento del total de cargos o puestos previstos por la entidad pública en su cuadro para asignación de personal o cuadro de puestos de la entidad”.
En la comuna de Laredo, asimismo, se cuenta con 32 funcionarios de confianza a pesar de que las normas le permiten tener solo 10 profesionales bajo este tipo de contrato. Además, siete servidores no cumplen con los requisitos establecidos para ocupar esos cargos.
Los municipios de la provincia de Trujillo que no aparecen en informes de control relacionados a la designación de sus funcionarios son: Moche, Salaverry, Simbal y Poroto. Tampoco está Alto Trujillo, recientemente oficializado como distrito. Ello porque los recursos y servicios de esta comuna son administrados por el municipio de Trujillo.
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