Los postulantes al Congreso Juan José Fort Cabrera y Eloisa Armas Aguilar, que van por Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular, respectivamente, estuvieron comprometidos en investigaciones durante el paso que tuvieron en instituciones públicas, por lo que la Contraloría, en su momento, solicitó que se les inicien procesos administrativos sancionadores.
Esta información es parte de la campaña “En estas elecciones, Tú tienes el control”, que inició la Contraloría para informar respecto a los candidatos “comprendidos en informes de control posterior por presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas”.
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En tres
El apepista Fort estuvo implicado en tres presuntos hechos anómalos, uno durante su paso como regidor de la comuna de Trujillo y dos cuando estuvo al frente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en Lambayeque y La Libertad.
Según el informe N° 020-2015-2-0424, publicado el 2015, el órgano de control pidió iniciar acciones administrativas en contra el regidor porque “votó favorablemente para la aprobación de la exoneración” en un proceso de selección a favor de una empresa que hizo labores de publicidad. Él habría tomado esa decisión “sin tener en cuenta que dicha empresa no era un medio de comunicación, además de las medidas de austeridad”.
También está comprendido en el Informe de Auditoría N° 012-2019-2-2017 que se le hizo al Instituto Peruano del Deporte (IPD), específicamente al Consejo Regional del Deporte de Lambayeque, que se publicó el 2019.
Según el documento, durante la exgestión del apepista en el IPD de Lambayeque hubo “inacción” respecto a “posesionarios de predios de propiedad del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en el Coliseo Cerrado de Chiclayo, que tienen condición de precarios y morosos y que acumulan una deuda de S/ 237 051,41, correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018”. Esto, “dio lugar a que el IPD no disponga de dichos recursos y además que por su condición de precarios ponen en riesgo la propiedad de la entidad por el tiempo que vienen ocupando”.
Asimismo, se le implica en la “contratación de servicio de mantenimiento correctivo de la electrobomba del pozo tubular del Complejo Deportivo Elías Aguirre de Chiclayo por S/ 30,520 en diciembre de 2017, sin que previamente se efectúe la limpieza de dicho pozo, indispensable para el funcionamiento del equipamiento, dando lugar que a junio del 2019 la mencionada instalación se encuentre inoperativa, pese al gasto incurrido”.
Su nombre también aparece en el Informe de Auditoría N° 005-2017-2-2017, que se le hizo al IPD por la recaudación de ingresos y ejecución de gastos en la gestión administrativa de los Consejos Regionales del Deporte (CRD).
Ahí se observó que durante su gestión el “CRD La Libertad suscribió nuevos contratos con deudores morosos y deudas pendientes por las cuales no se adoptó acciones para su cobranza, generando una deuda por cobrar, al 15 de octubre de 2017, de S/ 137,214.21”. Asimismo, “durante el 2016 y el primer semestre del 2017, el CRD La Libertad no efectuó la liquidación de la taquilla en el 77% de los eventos deportivos de fútbol por los que solo facturó S/ 164,097-50 por renta mínima, hecho que no ha permitido conocer el monto real a cobrar conforme lo establecido en el tarifario y la normativa específica”.
Juan José Fort participó ayer de caravanas en la provincia de Ascope, junto a su líder César Acuña. “Tengo 18 años de mucha experiencia como director de diferentes ONG, he sido funcionario público, gerente y autoridad política en la región siete veces. Con esa experiencia, teniendo las manos limpias y sin corrupción, voy a hacer grandes proyectos para todos los liberteños”, indicó.
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En bancos
Otra postulante implicada en investigaciones es Eloisa Armas Aguilar, que va por Acción Popular. Ella fue incluida en el Informe de Auditoría N° 325-2016-CG/OPER-AC, que revisó operaciones que se hicieron en el Banco de la Nación a beneficiarios de los programas Juntos y Pensión 65.
La auditoría, realizada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014, da cuenta que Armas fue administrador de la Agencia C- Laredo del Banco de la Nación y habría “efectuado una operación de pago por el importe de S/ 250.00 con cargo a los fondos de la cuenta de ahorros, cuya apertura fue dispuesta por el Programa Pensión 65, respecto al señor Cipriano de la Cruz Moreno, beneficiado que había fallecido antes de la fecha que se efectuó la referida operación por la citada servidora”.
El informe agrega que “la actuación de la referida servidora denota que no cumplió debidamente las funciones que le han sido asignadas”.