Para el consejero regional por nuestra provincia, Ever Cadenillas Coronel, el incremento de costos en las intervenciones de las soluciones integrales para las quebradas de Trujillo es algo que en su momento tendrá que evaluar con sus técnicos la Contraloría General de la República.
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En el caso de San Idelfonso, que comenzó con más de S/ 200 millones, ahora están en unos S/ 600 millones. “Vimos eso y se trajo a una comisión del Congreso para fiscalizar, porque nosotros no podemos hacerlo”, expresó.
Recordó, además, que en su momento pidió una investigación a la empresa MPM, que trabajó en esta quebrada, porque se había previsto adelantar solo el 20% del costo de la intervención, pero, al parecer, cobraron más de S/ 70 millones, sin cumplir finalmente con lo previsto.
¿Hay empresas con suerte en el Perú?, preguntó, señalando que esta empresa tenía problemas de pago con proveedores antes del ciclón Yaku y que cuando éste llegó fue la solución para sus inconvenientes; dijeron: aquí hubo avances que Yaku se llevó, y ¿quién podría asegurar que eso es totalmente cierto? inquirió.
“Eso es lo que deben ver los especialistas de la Contraloría y darnos una explicación coherente por todo lo ocurrido. Se tiene que investigar y si se encuentran responsabilidades se tendrán que hacer las denuncias que correspondan”, señaló.
Si vienen empresas de fuera de nuestra región a trabajar en La Libertad, deben acreditar experiencia en el tipo de labores que van a realizar y solvencia económica, para que puedan cumplir después sin tener problemas.
ATADOS DE MANOS
“Desde el Consejo Regional es poco lo que podemos hacer por la modalidad del contrato de Gobierno a Gobierno que se ha hecho para estas intervenciones en las quebradas de Trujillo”, precisó.
Es la Contraloría la que tendría que intervenir. Se trata de recursos de todos los peruanos. Se tendría que ver con especialistas si el costeo e incrementos que hubo se refleja en lo que se viene haciendo, añadió.
Como consejeros solo podemos ir a dar una mirada al avance de los trabajos, pero no somos especialistas y no tenemos las competencias para fiscalizar a fondo y de manera seria. Para eso hay que ir con técnicos y profesionales que no los tenemos, aseveró finalmente.
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