Ministerio Público inició investigación de oficio, luego de que la Defensoría del Pueblo alertara que paciente no habría requerido estar en esa área.
Ministerio Público inició investigación de oficio, luego de que la Defensoría del Pueblo alertara que paciente no habría requerido estar en esa área.

La Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo investiga el presunto uso irregular de una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Docente de Trujillo, que era ocupada por una paciente que aparentemente no lo requería, según alertó la Defensoría del Pueblo en La Libertad.

Según la disposición número 1 de la carpeta fiscal N° 2306014901, emitida el 21 de abril por la fiscal Leyden Alvarado Olaya, se decide “iniciar de oficio el procedimiento preventivo del delito de omisión de actos funcionales y contra la administración pública ante el caso de la paciente”, identificada con las iniciales B.S.M.C (55). Ella, agrega el documento “habría ocupado o estaría ocupando una cama UCI en el Hospital Regional Docente de Trujillo y no tendría la clasificación clínica para ello”.

Las diligencias de investigación se realizarán en 90.

El Ministerio Público, asimismo, solicitó que la Dirección del Hospital Regional remita, en cinco días, “un informe documentado, bajo responsabilidad funcional, en relación a: el informe médico indicando diagnóstico médico y tratamiento médico para la paciente”. También solicita que “informe si la citada paciente tiene parentesco familiar con algún personal médico, asistencial de la salud o trabajador en general del hospital”.

Además, pidió a la gerente regional de Salud, Kerstyn Morote, “remita en el plazo de cinco días un informe documentado, bajo responsabilidad, de las acciones de supervisión al Hospital Regional de Trujillo, que ha iniciado, ejecutado o programado en el presente caso; debiendo precisar, de ser el caso, las medidas adoptadas, conforme atribuciones legales”.

Asimismo, se requirió a la Macro Región Norte de Susalud “la intervención ante el caso”, debiendo “remitir un informe en un plazo de 10 días sobre las acciones y medidas adoptadas, bajo responsabilidad funcional”.

Como se recuerda, el pasado 19 de abril, la Defensoría del Pueblo alertó que una paciente habría permanecido en una cama UCI sin necesitarlo. Además, gozó de ciertos privilegios, como recibir menú diferenciado que se le hacía llegar de manera particular, descartando lo preparado por el Área de Nutrición del Regional. También se le permitía usar celular y recibir globos, pese a que todo esto está prohibido en esa área crítica.

“Situaciones como esta son inconcebibles en esta etapa de emergencia y requieren de un monitoreo constante e intervención para que no vuelvan a suceder, y se descarten favoritismos en plena emergencia sanitaria”, dijo José Agüero, jefe de la Defensoría del Pueblo en La Libertad.

Al respecto, la gerente Kerstyn Morote indicó que “se está desarrollando una exhaustiva investigación, y se va a tomar las medidas que correspondan a los responsables”.