Mediante disposición N°2, en la carpeta fiscal N°4990-2025, Ana Vigo Ordóñez, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, decidió declarar compleja la investigación contra diez consejeros regionales por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado.
En ese sentido, se amplió en plazo de investigación que inició en noviembre del año pasado a ocho meses más y se programó entre los días 13 y 16 de abril la toma de declaraciones testimoniales de los investigados, entre ellos la actual presidenta del Consejo Regional, Indhira Espir Calderón, quien representa a la provincia de Sánchez Carrión.
Los otros consejeros comprendidos en la investigación son Lorena Carranza Blas (Julcán), Verónica Escobal Ordóñez (Trujillo, candidata a diputada por Alianza para el Progreso), Ever Cadenillas Coronel (Trujillo, actual vicegobernador del GORE La Libertad), María Cristina Méndez Visitación (Trujillo), Luis Rodríguez Ponce (Pataz) y Samuel Leiva López (Ascope).
También fueron incluidos Lucía Simón Terrones (Gran Chimú),Irma Avalos Contreras (Otuzco) y Guissela Crisólogo Polo (Sánchez Carrión).
LOS CASOS
De acuerdo con la denuncia que realizó Manuel Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, los consejeros no implementaron las acciones correspondientes para fiscalizar el pago presuntamente indebido que se le hizo al consejero regional por la provincia de Pataz, Luis Rodríguez Ponce.
Sucede que Luis Rodríguez, quien es docente de profesión, obtuvo licencias de forma consecutiva durante los años 2001, 2002 y 2023 por media jornada de trabajo, cuando la norma lo impide. Además, se le cuestionó que, presuntamente, no cumplió con su labor de maestro la otra media jornada laboral: sin embargo, cobró el 50% de su sueldo.
El otro caso tiene que ver con el hecho de que los hermanos de los consejeros Luis Rodríguez y Tania Carranza presuntamente contrataron con el Estado y a pesar de que ambas autoridades fueron notificadas con la Carta Múltiple N°006-2024 PROF.J.A.C.O-T, sobre esta vulneración a la Ley de Contrataciones del Estado, no cumplieron con su función de fiscalización.
Correo trató ayer de obtener la versión de Luis Rodríguez, pero no respondió las llamadas que le hicimos.
No obstante, en noviembre del año pasado, cuando la Fiscalía decidió abrir investigación preliminar por 120 días por este caso, Lorena Carranza se pronunció y dijo que no era función de los consejeros investigar este tipo de denuncias y que dejaba en manos del Ministerio Público esa tarea.
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Fiscalía los investiga por presuntamente incurrir en rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado y declaró el caso complejo