Redacción Diario Correo

Las alertas de la presencia del fenómeno El Niño se dieron a inicios de año, pero al parecer eso importó muy poco a un buen número de alcaldes y al propio Gobierno Regional (GORE) La Libertad.

Así lo ha puesto en evidencia la Contraloría General de la República (CGR), pues ha alertado que el GORE La Libertad y 36 gobiernos locales (municipalidades) registran una baja ejecución de la partida presupuestal N° 0068: “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”.

EN LA MIRA

Tras una evaluación con corte al 1 de julio, se verificó que de estas entidades, 30 reportaban avances de ejecución de entre el 0 % y el 46,20 %, mientras que las siete restantes no asignaron presupuesto en dicha partida, a pesar de la inminente presencia del fenómeno El Niño.

Según el órgano de control, al 1 de julio, el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelaba que de las 30 administraciones con niveles de ejecución inferiores al 50 %, la Municipalidad Provincial de Chepén y las municipalidades distritales de Guadalupe, Guadalupito, Santiago de Cao y Marcabal, entre otras, registraban un avance nulo (0 %); mientras que la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco reportaba apenas un 1.9 % y la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora un 9 %.

El GORE La Libertad también evidenció un bajo nivel de ejecución de apenas el 15,7 %, una situación preocupante dado que maneja la partida presupuestal N° 0068 más alta de toda la región.

Por su parte, las municipalidades distritales de Mollepata (Santiago de Chuco), Huaso y Carabamba (Julcán), Bambamarca (Bolívar), Buldibuyo y Huancaspata (Pataz) y Jequetepeque (Pacasmayo) no registraron ni asignaron recursos para esta partida presupuestal.

PREOCUPA

Mediante Decreto Supremo Nº 097-2026-PCM, un total de 63 distritos de 11 provincias de la región fueron declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

Esta medida, cuya vigencia es de 60 días calendario, busca que las autoridades ejecuten acciones de excepción, inmediatas y necesarias, orientadas a la reducción del muy alto riesgo existente, así como a las tareas de respuesta y rehabilitación correspondientes.

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