En la región Lambayeque, la Fiscalía formuló acusación contra la administradora concursal de la empresa Agropucalá, Sonia Alva Rodríguez, como presunta autora del delito de fraude en la administración de personas jurídicas.
El abogado Edmundo Gálvez Rodríguez, representante de los acreedores laborales de la azucarera, también ha sido incluido en el requerimiento acusatorio como supuesto cómplice primario.
Para ambos, el fiscal Segundo Pérez Vásquez plantea la pena de dos años de cárcel, más 155,600 soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada (Agropucalá S.A.A.).
Hechos
La Fiscalía sostiene que Edmundo Gálvez, ejerciendo la representación de los acreedores laborales en la Junta de Acreedores del 10 de noviembre de 2022, promovió la designación de Sonia Alva como administradora concursal.
“La remuneración por honorarios profesionales se fijó en la suma de 35,400 soles mensuales, porque hubo una reunión previa entre los imputados (...)”, consta en la acusación.
Por tal motivo, la Fiscalía concluyó que la administradora cobró durante 4 meses un total de 141,600 soles, sin aprobación de la Junta de Acreedores y sin estar contemplado en un Plan de Reestructuración aprobado.
Luego, el Ministerio de Trabajo declaró nulo con efecto retroactivo la representación de Gálvez Rodríguez, por lo que Indecopi también declaró la nulidad de las Juntas de Acreedores y la designación de Alva Legal Asesoría S.A.C.
Sin embargo, en una nueva convocatoria realizada en agosto de 2024 bajo procedimientos normados por SUNAT, Alva Legal Asesoría S.A.C. volvió a ganar la administración, pero esta vez cobrando 12,000 soles mensuales (un 60% menos que el monto fijado inicialmente).
Para la Fiscalía, esto demuestra que el cobro original de S/ 35,400 respondía a una concertación ilícita para dilapidar el patrimonio de Agropucalá.
Dato
Al ser interrogada en Fiscalía, Alva dijo que el caso no tiene nada que ver con la vía penal, y debía resolverse en la vía civil o administrativa.
