Lambayeque: Obra para los 12 pueblos jóvenes de Pomalca irá a un arbitraje

La millonaria obra que brindaría un sistema de agua potable y alcantarillado para 12 pueblos jóvenes, ubicados a un extremo de la vía Pomalca-Chiclayo, será sometida a arbitraje; tras pasar por una fallida conciliación por más de tres meses.

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La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), y el Consorcio Progreso no lograron suscribir un acuerdo para retomar la ejecución; debido a que se rechazó la conformación de una Junta de Resolución de Disputas (JRD).

Detalles

A fines del 2021, el proyecto de saneamiento se había paralizado en dos ocasiones. El 17 de enero de este año, el Consorcio Progreso solicitó la resolución del contrato.

Las razones que alegaron las tres empresas consorciadas -Sigma SA Contratistas Generales (RUC: 2011064609), Jagui SAC (RUC: 20511317038) y Desarrollo de Ingeniería Civil Eléctrica & Construcciones Metálicas SAC (RUC: 20600331737)- fueron pagos pendientes de valorizaciones y los aspectos técnicos que no definía Epsel para continuar con la ejecución.

“Nos llamaron paralelamente a una conciliación, que finalmente aceptamos. Pero la conciliación tenía solo dos puntos: ¿cuándo me resuelves el tema técnico y cuándo me pagas? Porque ya no tenemos un contrato vigente (Con Epsel)”, explicó Mario Hidalgo Sánchez, representante legal del Consorcio Progreso.

Para Epsel, sin embargo, las pretensiones de la contratista fueron exageradas, a pesar de haber demostrado que tenían intenciones de gestionar “mayor financiamiento” y cumplir con los pagos pendientes.

“Hay una mala fe del contratista de no continuar con la obra y solamente querer cobrar sus pretensiones de más de S/3 millones”, sostuvo a Correo el gerente de Epsel, Víctor Mondragón Villalobos.

En total, se realizaron tres reuniones para el proceso de conciliación.

La primera ocurrió el 6 de abril. Por aquel entonces, Mondragón Villalobos ya había asumido la dirección de Epsel, aunque hasta ese momento -según señaló- no tenía los poderes para representar a la entidad en el proceso de conciliación.

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El actual funcionario también explicó que su antecesor, el exgerente Jorge Aspíllaga Valderrama tampoco estuvo facultado para conciliar, y durante el proceso de transferencia de cargo, “no encontraron la documentación necesaria” para defender el proyecto.

En la segunda cita, del 18 de abril, la reunión de conciliación se postergó para una nueva fecha: el 9 de mayo. Ese día, Epsel cuestionó que el Consorcio demandara resolver el contrato, cuando en realidad solo correspondía suspenderlo.

“El contrato fue firmado en el 2018 y, hasta ese entonces, la Ley de Contrataciones indicaba que al no tener 3 pagos consecutivos de valorizaciones esenciales, correspondía la suspensión del contrato”, dijo el gerente.

Además, Epsel alegó que de todas las pretensiones económicas hechas por el contratista, solo una era esencial. “Las demás responden a valorización adicional y de mayores metrados, además de una valorización de Covid y valorizaciones por reajuste de precio. Esas valorizaciones no son esenciales, puesto que no están en el contrato inicial”, dijo.

Pero el Consorcio Progreso sostiene que los problemas técnicos surgieron por el expediente que elaboró Epsel, generando así mayores costos para finalizar la ejecución de la obra.

“Al cambiar las características del material que yo voy a usar, el costo incrementa. Pero no porque yo lo quiera, sino porque Epsel no fue diligente en elaborar un expediente como debía ser”, afirmó Hidalgo.

En la última reunión que sostuvieron ambas partes, Epsel planteó un nuevo argumento: el Consorcio había firmado una adenda, el 26 de agosto del 2021, en la que acepta resolver “cualquier controversia que surja durante la ejecución del contrato hasta la recepción de la obra, a través de la Junta de Resolución de Disputas (JRD)”.

Esta modalidad, según el documento al que tuvo acceso Correo, debía ejecutarse “de manera obligatoria”. Meses después, el 23 de noviembre de ese mismo año, Epsel firmó un contrato tripartito para que las controversias se resuelvan mediante el centro de arbitraje CECONP.

El único que no firmó este acuerdo fue Michael Paredes Montol, el representante legal del Consorcio Progreso. El gerente de Epsel considera que este hecho fue una negligencia de “algunos funcionarios” que pertenecieron a la anterior gestión.

“Esto evidencia que el Consorcio Progreso no tenía ninguna intención de continuar con la obra. La conciliación se ha cerrado sin ningún acuerdo. Nosotros no hemos desistido”, cuestionó.

No obstante, el Consorcio Progreso respondió que la Junta de Resolución de Disputas era inválida porque el contrato ya no estaba vigente.

“En vez de conciliar y solucionar el problema, ellos (Epsel) llegaron el último día diciendo que esa no era la última vía. Ellos no pueden convocar una Junta de Resolución de Controversias por una sencilla razón: no hay contrato, y cuando hubo contrato, no lo hiciste por negligente”, explicó Mario Hidalgo.

Las diferencias entre Epsel y el Consorcio van más allá del contrato. Las cifras que ambos sostienen sobre el proyecto tampoco coinciden. Mientras que la entidad prestadora asegura que el avance físico y financiero solo llegó al 68%, el Consorcio mencionó que la obra terminó en un 80%.

De igual modo, Epsel indicó que le pagaron alrededor de S/44′800,000 al contratista por 25 valorizaciones. Sin embargo, Hidalgo negó esta versión, señalando que el monto desembolsado bordeaba los S/32 millones y la deuda que exigían no superaba el 5% del monto contratado (S/2′631,000).

La etapa final de la obra ahora se resolverá mediante un proceso de arbitraje, que podría tardar 2 años, como mínimo, tal como reconoció el propio gerente de Epsel.

Antes de finalizar la entrevista con este medio, el representante del Consorcio advirtió que la entidad prestadora enfrentará nuevos problemas con la empresa supervisora.

“La supervisión les va a cobrar hasta el último centavo, porque Epsel ha resuelto el contrato. Creo que hasta la fecha, Epsel trababa con contratistas pequeños o que no sabían de lo que el derecho les asiste, pero esta vez, se equivocaron”; finalizó Hidalgo.