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El Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva por nueve meses que formuló el Ministerio Público de Lambayeque por el caso de la ciudadana chilena Viera Ketline Rivera Salazar, quien fue rescatada del inmueble donde vivía cautiva junto a su esposo y sus suegros peruanos.
La decisión recayó en la jueza Mary Núñez Cortijo, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, quien no encontró suficiente motivación para amparar el pedido que hiciera la fiscal Karen Padilla Tenorio, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.
En mayo del presente año representantes de la Policía y del Ministerio Público se trasladaron hasta una vivienda ubicada en la calle Las Casuarinas, en Chiclayo, tras obtener información que una extranjera estaba privada de su libertad.
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Ahí se realizó el allanamiento y descerraje del departamento 403 del edificio block D, de propiedad de Julio Juan Armas Alcalde y su hijo Giorgio Stefano Armas Gabrielli, encontrando encerrada en una habitación a la chilena Viera Rivera Salazar (42) y a su hija de 2 años de edad.
Tras las diligencias realizadas, la Fiscalía alegó ante la jueza que Viera Ketline Rivera Salazar fue rescatada de dicho inmueble, toda vez que su esposo Giorgio Armas y su suegro la mantuvieron privada de su libertad por casi cuatro años. Incluso la maltrataban física y psicológicamente con palabras soeces.
En la declaración que la extranjera dio a las autoridades, señaló que conoció al padre de su hija por Facebook, por ello viajó a Perú. Al vivir en casa de sus suegros, la insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso su suegro la golpeó al descubrir que hablaba con su hermana pidiéndole ayuda y que la rescaten. La comida se la daban por la puerta y luego la encerraban.
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Pese a los alegatos de la Fiscalía, el Poder Judicial optó por imponer solo comparecencia con restricciones para los investigados; es decir no podrán ausentarse de la localidad en que residen.
También deberán presentarse a la autoridad fiscal y judicial en los días que se les fije y cumplir. Además, están prohibidos de comunicarse con la agraviada o testigos mientras dure la investigación.
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