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Diferentes escenarios se abren tras la aprobación del informe final del caso Sarratea, que implica al presidente Pedro Castillo en presuntos actos de corrupción.
La investigación realizada por la Comisión de Fiscalización, también involucra a los exministros Juan Silva (Transportes) y Juan Carrasco (Defensa), quien ahora postula con Juntos Por el Perú al Gobierno Regional de Lambayeque.
La Comisión detectó presuntos hechos irregulares que habría cometido el mandatario, ministros y personajes del entorno presidencial, no solo por las visitas informales en el domicilio de Sarratea, sino también por los casos denominados “SBN”, “Puente Tarata III”, “Injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas”, “Injerencias ante el superintendente de la Sunat” y “El hallazgo de 20 mil dólares en Palacio de Gobierno”.
Por ello es válido analizar qué sigue ahora en mérito a lo decidido por el Legislativo.
El abogado penalista, Luis Gilberto Carrasco, sostuvo que el siguiente paso es que el informe sea enviado a la Fiscalía de la Nación, para el inicio de una investigación penal contra el mandatario, exministros y demás implicados.
“Lo que corresponde es la investigación preliminar, si se formaliza queda en manos de un fiscal supremo, pero con la aprobación de una Sala de la Corte Suprema”, refirió.
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Agregó que otra posibilidad es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento proponga la suspensión de cargos o la inhabilitación hasta por 10 años. Esta última figura se aplicó con el expresidente Martín Vizcarra.
“El artículo 89 del Reglamento del Congreso ampara esto. En ese trámite, los implicados serían notificados sobre el procedimiento de suspensión o inhabilitación, entonces tendrían que prepararse para hacer su defensa ante el pleno del Congreso y rebatir las conclusiones de Fiscalización y lo que planteará la Subcomisión”, afirmó para Diario Correo.
