El procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el congresista piurano Miguel Ciccia Vásquez, por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal y, alternativamente, tráfico de influencias en agravio del Estado. Ello luego que el programa dominical Panorama reveló que el parlamentario gestionó una reunión en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para una consulta a favor de la empresa Kinsa, cuya dueña sería su prima hermana.
El parlamentario habría hecho uso de su cargo como congresista para conseguir una reunión con la intendente regional de la Sunat, Ligia Ortega Pereda, a fin de consultar un beneficio en impuestos para los empresarios que “donen” a sus trabajadores parte del dinero que utilizarían para adquirir una vivienda precisamente en uno de los proyectos inmobiliarios de su prima Olga Vásquez y la hija de esta, Valeria Landa Vásquez, gerente de la inmobiliaria.
El informe detalla que, en el registro de visitas al local en Piura, hasta donde viajó Ciccia Vásquez, el pasado 16 de mayo de 2022 en calidad de congresista, acompañó a sus familiares con los altos directivos de la Sunat, a fin de indagar sobre asuntos que beneficiarían a sus proyectos inmobiliarios.
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El vínculo entre la propietaria de la inmobiliaria con el congresista se confirmó cuando Ciccia, en su semana de representación, el pasado 4 de agosto de 2022 participó de la inauguración de esta empresa en la ciudad de Piura.
Pese a que en un primer momento no “recordaba” sobre la reunión, terminó por aceptar que él organizó todo.
Incluso, no fue el único integrante del Congreso a esta reunión. Movilizó y llevó a su asesor y técnico de su despacho para tomar nota en esta reunión que tenía como fin beneficios familiares.
Al respecto, el catedrático de la Universidad de Piura (UDEP), Francisco Álvarez, dijo que se estaría incurriendo en un delito de tráfico de influencias que está regulado en el Artículo 400 del Código Pena. Asimismo, dijo que la pena es agravada cuando el autor del delito es un funcionario o servidor público. “La pena sería entre 4 a 8 años de pena privativa de la libertad.
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En tanto, precisó que los congresistas actualmente no tienen inmunidad parlamentaria, por lo tanto podrían ser investigados directamente por parte de la Fiscalía, lo único que el juzgamiento lo hace la Corte Suprema.
“La Fiscalía ya no necesita ninguna autorización para poder investigar al congresista, entonces fuera de la sanción penal podría haber una responsabilidad política, pero eso implica una sanción que pueda dar el Congreso. Una inhabilitación por ejemplo”, indicó Álvarez.
Finalmente, advirtió que se debe investigar a los que participaron en esa reunión. “Hay que investigar a todos aquellas personas que hayan colaborado con este tipo de comportamientos, pues pueden ser considerados como cómplices”, acotó.
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