La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en la actuación del alcalde provincial de Ayabaca, Darwin Ivani Quinde Rivera, al advertir que habría ejercido funciones mientras se encontraba con licencia sin goce de haber para participar en las elecciones regionales y municipales de 2026. Las observaciones fueron consignadas en un Informe de Acción de Oficio Posterior, en el que se concluye que los hechos podrían afectar la legalidad de los actos administrativos realizados durante ese período.
El principal cuestionamiento está relacionado con la suscripción de un convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Ayabaca y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).
egún la Contraloría, el documento fue firmado el 2 de julio de 2026 por Darwin Quinde Rivera, quien figura como alcalde y representante legal de la comuna, pese a que se encontraba con licencia sin goce de haber desde el 5 de junio hasta el 4 de octubre de 2026 para participar en el proceso electoral.
El órgano de control recordó que, mediante acuerdo de concejo, durante ese periodo el despacho de Alcaldía había sido encargado al primer regidor, Eligardo López López, por lo que señaló que el convenio fue suscrito por una autoridad que no ejercía legalmente el cargo en ese momento. En ese sentido, el informe advierte que esta situación “podría afectar la eficacia y validez jurídica de los compromisos asumidos” en el convenio celebrado con Cofopri.
La Contraloría también observó la participación del burgomaestre en una reunión desarrollada el 20 de julio de 2026 con alcaldes de la región Piura y la entonces presidenta electa, Keiko Fujimori, donde intervino públicamente como alcalde provincial de Ayabaca.
Tras solicitar información a la municipalidad, el órgano de control concluyó que la entidad no emitió resolución, oficio, credencial ni otro documento que autorizara a Quinde Rivera a representar institucionalmente a la comuna durante dicho evento.
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El informe precisa que esa situación genera incertidumbre respecto de quién ejercía la representación legal de la municipalidad durante el periodo de licencia y advierte que el ejercicio de funciones por parte de una autoridad sin competencia podría afectar la legalidad de las actuaciones realizadas en nombre de la entidad.
Como parte de las recomendaciones, la Contraloría dispuso comunicar los hechos al titular de la Municipalidad Provincial de Ayabaca para que adopte las acciones que correspondan y promueva el deslinde de responsabilidades, de ser el caso.
Asimismo, solicitó que la entidad remita un plan de acción con las medidas correctivas que implementará para atender las observaciones formuladas por el órgano de control.
La investigación se enmarca en las acciones de control posterior que realiza la Contraloría para verificar el cumplimiento de la normativa durante el proceso electoral y el adecuado ejercicio de las funciones públicas por parte de las autoridades locales.
