Más de 600 casos de violencia escolar reportan los centros educativos de la región Piura hasta el 30 de agosto de 2023, según las estadísticas plasmadas en el portal SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu). Por ello, el decano del Colegio de Profesores, César Rivera, señaló que como docentes se sienten atados de manos y las autoridades no hacen nada por evitar que la cifra siga aumentando.
La situación de los actos de violencia en los colegios de Piura es preocupante, debido a que los alumnos son víctimas de sus propios compañeros. Como se ha reportado, hasta los mismos docentes de estas instituciones son amenazados por sus alumnos, por lo que ahora temen denunciar estos casos por temor a represalias.
El portal SíseVe registra un total de 601 casos de violencia a nivel regional. De esta cifra, 411 corresponden a violencia entre escolares y 190 del personal del colegio a escolares. Es así que 324 son por violencia física, 194 violencia psicológica y 83 de violencia sexual.
La UGEL Piura reporta más casos de violencia siendo 229, le sigue Sullana con 95, Talara con 74, Paita con 48, Tambogrande con 46, Chulucanas con 29, La Unión con 26, Morropón con 13, Sechura con 12, Ayabaca y Huancabamba con 10 cada una y la UGEL Huarmaca con 9 casos.
Ante esta alarmante cifra, el decano del Colegio de Profesores señaló que como docentes se sienten atados de mano debido a que los derechos del menor impiden castigar a los escolares, incluso sancionarlos por su mala conducta.
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“Muchos docentes pasan por alto ese protocolo de denunciar los hechos (violencia). A un niño no se le puede llamar la atención, revisar la mochila, porque ya estamos invadiendo su privacidad, entonces no podemos hacer nada, estamos atados de manos. Nos dicen que pongamos en trabajo el Bape, pero el policía escolar, el brigadier no pueden reportar a los alumnos que se portan mal porque después son amenazados y terminan siendo agredidos”, dijo César Rivera.
El decano de los docentes cuestionó a las autoridades y pidió la realización de capacitaciones y talleres con los padres de familia y alumnos, pues dijo que en su mayoría los profesores son recargados con tanta documentación, por lo que se requiere más trabajo de campo. “Deben realizar trabajos, talleres de salud mental, los psicólogos están ahí y no hacen trabajo de campo. Hay mucha indiferencia”, precisó el docente.
Asimismo, solicitó se forme una mesa de concertación donde participe la Dirección Regional de Educación, UGEL, directores de los colegios, congresistas, Defensoría del Pueblo, arzobispado entre otras autoridades para determinar las estrategias y hacer frente a esta problemática. “Necesitamos un sinceramiento de las autoridades, comenzando con el director regional de Educación y hacer una mesa de concertación donde reúna al Colegio de Abogados, para ver qué normas se podrían ajustar. Desde el Congreso se puede hacer un reajuste a las normas para darle potestad a los maestros para actuar. También la participación del arzobispo y Defensoría del Pueblo”, dijo el decano.
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