El Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) determinó la responsabilidad administrativa y sancionó a la regidora provincial de Piura, Carla Guiliana Nima Sandoval, por haber contratado con el Gobierno Regional de Piura mientras ejercía su cargo, en contravención de la normativa vigente de contrataciones. Las investigaciones revelan que otro miembro del Concejo Provincial, el regidor Sergio Omar Valladolid Saavedra, también registra órdenes de servicio con dependencias del GORE.
La sanción impuesta a la regidora Nima Sandoval por la Cuarta Sala del tribunal, mediante resoluciones emitidas el 25 de marzo de 2025, consiste en inhabilitación temporal en sus derechos para contratar con el Estado.
Carla Nima fue elegida regidora de Piura en las Elecciones Regionales y Municipales de 2022, iniciando funciones el 1 de enero de 2023 y con periodo hasta 2026. La ley establece que los regidores están impedidos de ser contratistas en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio de su cargo y hasta doce (12) meses después de concluido el mismo.
El TCE acreditó que la regidora perfeccionó al menos dos contrataciones con el Gobierno Regional de Piura mediante órdenes de servicio por el concepto de “Servicio de apoyo administrativo”. Una de las órdenes, por S/ 4,000 se emitió el 5 de junio de 2023, y la otra, también por S/ 4,000, data del 1 de marzo de 2023. Ambos montos se encuentran por debajo de las 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), pero el Tribunal mantiene competencia para sancionar las infracciones graves de impedimento y presentación de información inexacta en estos casos.
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El Tribunal determinó que, dado que el Gobierno Regional de Piura se ubica dentro de la provincia de Piura, la contratación tuvo lugar dentro del ámbito territorial donde la regidora estaba legalmente impedida.
La sanción impuesta a la regidora Nima Sandoval se basó en dos infracciones tipificadas en el artículo 50.1 de la Ley de Contrataciones del Estado. La primera es contratar con el Estado estando impedida conforme a ley. La comisión de esta infracción afecta la transparencia e imparcialidad en el proceso de contratación pública.
La segunda es presentar información inexacta ante la entidad. La regidora había suscrito una declaración jurada en mayo de 2023 en la que indicaba “No tener impedimento para contratar con el Estado”, información que el TCE consideró inexacta por su condición de regidora provincial de Piura.
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En el caso de la orden de servicio N° 5391-2023, la regidora recibió una inhabilitación temporal de cuatro meses. El Tribunal remitió copia de la resolución y de los folios pertinentes al Ministerio Público, para que se actúe sobre las conductas que pudieran adecuarse a un ilícito penal.
En un contexto similar, Sergio Omar Valladolid Saavedra, quien también ejerce como regidor de la Municipalidad Provincial de Piura desde el 1 de enero de 2023, figura con diversas contrataciones de servicios.
El regidor Valladolid tiene órdenes de servicio con el GORE. Estas contrataciones incluyen servicios de apoyo para la Oficina de Patrimonio por S/ 7,500 (con fecha de inicio de la orden registrada para agosto de 2025) y servicios como asistente y vigilante nocturno por montos de S/ 2,500 y S/ 1,000.
