La informó que un total de 60 mujeres fueron reportadas como en toda la región Ica, en los ocho primeros meses (enero–agosto) del año 2021, de las cuales más del 50 % de las notas de alerta por desapariciones corresponden a menores de edad.

Estadísticas a nivel regional

Ante ello el jefe de la oficina defensorial de la región Ica, Jorge Hernández, indicó que esta problemática aún continúa, por lo que se debe asegurar un adecuado tratamiento de las denuncias y una búsqueda efectiva que garantice la integridad de las víctimas, ya que de acuerdo a las cifras de desaparecidas, 39 de ellas son niñas y adolescentes.

“El caso de mujeres desaparecidas no ha cesado, hasta agosto de este año son más de 3967 mujeres que han desaparecido en el país, el mayor porcentaje es de niñas y adolescentes, en el caso de Ica, en este periodo de tiempo son 60 mujeres, de las cuales 39 son niñas y adolescentes que han desaparecido. Se debe tener datos abiertos de la información estadística y fortalecer las capacidades de la policía para la búsqueda, en la medida de que también se encuentran casos de feminicidio”, declaró.

Argumentó que otros 21 casos de notas de alerta por desapariciones comprenden a mujeres mayores de 18 años. Sostuvo que la desaparición de una mujer puede estar ligada a algunos delitos, como la trata de personas, en el que las víctimas son sometidas a la explotación sexual, agresiones, entre otros.

“Se han evidenciado casos de feminicidio, por ejemplo los casos en San Clemente o Túpac Amaru (Pisco), personas que desaparecieron y que desgraciadamente fueron encontradas asesinadas. Es necesario que se fortalezca la labor de la PNP y también tienen un rol importante los Centros de Emergencia Mujer (CEM), quienes deben asumir casos de mujeres desaparecidas coordinando con las autoridades y familiares de las víctimas”, enfatizó.

Se identificaron causas

Detalló que en los casos de niñas y adolescentes, dentro de los factores que se han identificado por su desaparición se encuentran los problemas familiares, necesidades laborales, problemas de salud mental y otros.

Por ello indicó que las autoridades competentes deben brindar el seguimiento del caso, ya que la persona puede ser víctima de alguna forma de violencia, sobre todo en el caso de menores, que al ser personas vulnerables, podrían encontrarse en alguna situación de desprotección familiar.

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