Tumbes: Habría un perjuicio por S/ 348 mil en licitación de Papayal

La Contraloría detectó un perjuicio de S/ 348 mil en contra de la Municipalidad Distrital de Papayal por no admitir la oferta de un postor que cumplía las condiciones establecidas en las bases y cuya propuesta económica era menor a la del ganador de la buena pro en una obra de rehabilitación de pistas y veredas.

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Según el informe, los dos postores presentaron cartas de líneas de crédito emitidas por una misma cooperativa, sin embargo, se aceptó la carta del consorcio de mayor costo y rechazó la que ofreció una mejor oferta económica, argumentando falta de solvencia de dinero.

Además, de acuerdo al oficio N°26980-2022-SBS emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) y AFP, las cartas representan estimaciones y no aplican limites crediticios normativos por lo que no suponen un financiamiento efectivo.

La comisión de control evaluó la oferta de los dos consorcios y llegó a la conclusión que la propuesta de menor monto obtenía un mejor puntaje que el postor ganador, al presentar un precio más bajo, equivalente al 90% del monto referencial.

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Con ello, se trasgredió el principio de competencia establecido en la ley. El Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE se pronuncio por este caso y resolvió revocar la buena pro otorgada. Sin embargo, al ser publicada un día posterior al vencimiento del plazo, funcionarios y servidores de la municipalidad se interesaron por solicitar la nulidad de la citada resolución y continuidad del procedimiento de selección. Además, el postor ganador solicitó un adelanto directo, el cual fue admitido a trámite sin contar con el comprobante de pago requerido en las bases. También, requirió un adelanto para materiales, en el cual incluyó el insumo de “maquinaria y equipo importado”, a pesar de no pertenecer a tal rubro. Esta situación no fue advertida por el supervisor o gerente de infraestructura y obras de la entidad. Ambos pagos superan los S/ 618 mil.

Por estos hechos, se identificó a 4 funcionarios con presunta responsabilidad penal y administrativa. Así también, un funcionario con presunta responsabilidad administrativa.