La Constitución establece que nuestro país es un Estado democrático, social, independiente y soberano. El poder emana del pueblo y los ciudadanos ejercen sus derechos democráticos mediante el sufragio universal, libre, secreto y obligatorio para elegir a sus representantes. La Carta Magna garantiza el equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, siendo la dignidad de la persona el fin supremo de la sociedad y del Estado.
En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tienen la responsabilidad de desempeñar su labor con eficiencia, transparencia e imparcialidad en la segunda vuelta de la elección presidencial el domingo 7 de junio de 2026. El país espera que se desarrolle con normalidad y confianza ciudadana, superando las irregularidades y cuestionamientos que marcaron la primera fase de las elecciones generales.
Al votar debemos evaluar no solo a los candidatos a la presidencia y vicepresidencias, sino también a sus equipos y propuestas de gobierno. Resulta fundamental analizar si estas responden con coherencia a las necesidades del país, tanto en el caso de Fuerza Popular como de Juntos por el Perú.
En mi opinión, lo más importante es que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho al voto con responsabilidad, reflexión y compromiso democrático, evaluando las propuestas , capacidades y trayectorias de quienes aspiran a conducir el país. El Perú necesita fortalecer sus valores republicanos, la institucionalidad democrática, la estabilidad de la patria, la seguridad ciudadana, la descentralización y el desarrollo humano y económico sostenible, con una visión de presente y futuro orientada al bienestar de todos los peruanos.
