Hace unos meses, Jorge Barata reveló el papel protagónico que cumplió Nadine Heredia en la trama de la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano (GSP), la obra faraónica con la que el gobierno de Ollanta Humala se aprestaba a devolver todos los favores económicos que la brasileña Odebrecht había adelantado durante la campaña electoral de 2011 y cuya adjudicación requería de un fino engranaje de voluntades y concertaciones, los que fueron liderados por la entonces primera dama.
Tras los irrefutables hallazgos, la Fiscalía ha llegado a la inobjetable conclusión de que Heredia ha cometido el delito de colusión agravada “toda vez que es funcionaria pública de facto y/o de hecho por delegación de funciones de su esposoOllanta Humala Taso”. No ha sido el único hecho que revela la impronta impositiva, el carácter impetuoso y el rol avasallador de la conducta de Heredia, reflejada, entre otros hechos,en la famosa “luz verde” que Pedro Cateriano y otros ministros se empeñan en minimizar.
El tema es que salvando las distancias, hoy en Palacio se yergue una figura con antecedentes análogos y que, según información reservada, ejerce un poder excesivo para la función que está obligada a cumplir. La señora Mirian Morales, secretaria general de Palacio, considera que las tareas que le asigna el ROF (asistencia técnica y administrativa al Presidente) pueden ser avasalladas con facilidad porque tiene tras de sí el apoyo inconmensurable de Vizcarra, la obsecuencia de algunos asesores y ministros, y una oposición política devastada por las circunstancias.
Por eso, la abogada de la PUCP puede colocar a su hermano en la Sunarp (y sacarlo cuando lo descubre la prensa), participar en las negociaciones para atenuar las protestas por Tía María, ser parte del chat de la bancada de gobierno (cuando la tenía), ser designada en un directorio de Electroperúo viajar al máximo evento minero del mundo como representante del Despacho Presidencial. Morales constituye hoy un poder en la sombra que debe ser dilucidado, tiene un rol pendiente de transparentar y ejerce una influencia obligada adescartar sus señales de peligro. El nuevo Congreso tendría que ejercer allí su preponderante rol fiscalizador para aclarar si no hay otra Nadine asomando su perfil autoritario en los recovecos de Palacio, otra indeseable factótum invadiendo oficinas y expropiando decisiones.
