La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, creada por Ley 23738 del 28 de diciembre de 1983, con 28,790 estudiantes, desaprobó 34 indicadores sobre 44 empleados para evaluar el licenciamiento universitario por la SUNEDU.
De modo que, mediante Resolución 034-2020 del 4 de marzo, se le denegó el licenciamiento. Con esto se abrió un periodo de cierre de dos años, durante el cual los estudiantes podrán terminar sus estudios, titularse, graduarse y trasladarse a otras universidades.
Entre otras irregularidades se conocen: acceso a la docencia mediante pactos colectivos sin concurso público de méritos como dispone la Ley Universitaria; distribución irregular de terrenos donados por comunidades campesinas y la Municipalidad de San Román entre trabajadores universitarios, desvirtuando el fin de la donación; compras dolosas de terrenos sobrevaluados; irregular manejo de recursos e ingresos de la UANCV, y un largo etcétera. En estas condiciones, exigir el licenciamiento de la universidad sólo beneficia a los inescrupulosos.
Por ello, planteamos la necesidad de una solución en verdad radical. Para empezar, debemos revisar el origen público de fundación de la UANCV y recordar que, del patronato fundador los accionistas fueron la Municipalidad Provincial de San Román con un aporte de 20 millones de soles y otras 19 personas con mil soles cada una. Si los fondos de origen son públicos, la UANCV también lo es, aunque por años las autoridades que hicieron y deshicieron a su antojo, nos hicieran creer lo contrario.
Tras una declaratoria de universidad pública mediante ley aprobada por el Congreso de la República, debería venir un largo proceso de reorganización y moralización de la UANCV, mediante una investigación a todos los que se aprovecharon de las ilusiones y esperanzas de los alumnos, sus familiares y el pueblo.
