La Contraloría General detectó irregularidades en la ejecución del servicio de alimentación en dos establecimientos penitenciarios de Trujillo (varones-mujeres) y uno en Pacasmayo, que ocasionaron un perjuicio económico a la Oficina Regional Norte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por más de un cuarto de millón de soles.
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Lo revisado por los auditores de esta entidad fiscalizadora superior corresponde tanto al proceso de selección para la contratación del servicio de alimentación de los internos (as), niños (as) y personal INPE que labora en los tres penales en mención, como a su ejecución contractual por 365 días (del 27 de diciembre de 2021 al 27 de diciembre de 2022).
De la documentación revisada por la comisión auditora, se evidenció que la empresa contratada para la ejecución del servicio por S/ 11.8 millones presentó el mismo personal clave (titular y remplazante) para los dos establecimientos penitenciarios de Trujillo. Se trata del nutricionista, gastrónomo y dos representantes cuya presencia física en los penales era obligatoria y en forma diaria.
“Se evidenció que en algunas fechas y en los dos establecimientos penitenciarios de Trujillo, el contratista ingresó personal clave adicional y de remplazo sin tener en cuenta que debía acreditar documentalmente su formación académica, capacitación y experiencia mínima del cargo, de acuerdo a lo requerido en las bases integradas”, indicó la Contraloría en su informe.
Además, la unidad vehicular ofertada por el contratista para la distribución de los víveres en los tres penales de la región La Libertad (un frigorífico con capacidad de 2 mil kilos) también fue propuesta para la ejecución del servicio de alimentación (en el mismo periodo) en los establecimientos penitenciarios de Chiclayo y Tumbes.
La comisión auditora también verificó que, durante la ejecución del servicio, el personal clave de los penales de Trujillo y Pacasmayo incumplió de manera permanente con el horario de trabajo diario para las labores propias del servicio de alimentación en los ambientes de cocina. Incluso se evidencia inasistencias, lo cual debió ser cautelado por los equipos de control de los tres establecimientos penitenciarios.
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Pese a ello, el personal INPE responsable de la supervisión, evaluación y control del servicio de alimentación en estos tres penales otorgó conformidad a dicha prestación, lo que finalmente representa un perjuicio económico para la entidad de S/ 275 737 por el pago de honorarios que no correspondía e inaplicación de penalidades.
Por los hechos expuestos 17 funcionarios y servidores del INPE que entre el 27 de diciembre de 2021 y el 27 de diciembre de 2022 integraron los Equipos de Control de Alimentos en los penales de Trujillo y Pacasmayo tendrían presuntas responsabilidades civiles y/o administrativas.
Por tal motivo, el Informe de Auditoría N° 047-2023-2-5342-AC fue comunicado al director regional del INPE para el deslinde de responsabilidades que correspondan, y a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para el inicio de las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos.
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