Servidores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que participan del paro nacional indefinido, se apostaron en los exteriores del penal de Puerto Pizarro a fin de impedir el ingreso de visitantes de los reclusos.
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Esta medida adoptada por los trabajadores del reclusorio tumbesino, originó malestar en los internos que amenazaron con amotinarse en caso no permitían la entrada de sus familiares. Del mismo modo, los visitantes que estaban haciendo su cola alzaron su voz de protesta por lo que fue necesaria la presencia de un contingente policial.
Asimismo acudieron los representantes de la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Prevención del Delito y la Defensoría del Pueblo quienes conversaron con los huelguistas para que se le permita el ingreso de familiares de los reclusos los sábados y domingos.
El fiscal Javier Coveñas Vilchez se entrevistó con el dirigente sindical de los trabajadores penitenciarios y demás manifestantes a quienes se les exhortó a realizar su medida de protesta de manera pacífica, sin alterar el orden interno y respetando los derechos de la personas y autoridades, siendo esta exhortación aceptada.
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Asimismo, el representante del Ministerio Público recomendó al Frente Policial de Tumbes impidan la perturbación del orden público, orden interno y seguridad ciudadana y de ser el caso procedan a su restablecimiento en estricto cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, y lo dispuesto en el D.L N° 1186, agotando siempre los niveles preventivos, como es la verbalización y el control de contacto.
Finalmente, el fiscal Javier Coveñas en entrevista con el director del establecimiento penitenciario de Puerto Pizarro, Martín Gómez Cango, manifestó que durante la protesta, las medidas de seguridad interna y externa del penal se encuentren garantizadas.
Los trabajadores del Inpe llevan trece días de huelga indefinida y exigen que el Gobierno Central atienda sus reclamos de incremento de remuneraciones y derechos laborales. Dentro del pliego de reclamos buscan la incorporación de los trabajadores CAS y del régimen 276 a la carrera pública penitenciaria.
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