Al menos 60 congresistas enfrentan graves cuestionamientos

Cada quinquenio se escucha la frase: “Este es el peor Congreso de la historia”. Y más allá del nivel de aprobación que tenga cada Parlamento, lo cierto es que los integrantes electos para el período 2021-2026 se han ganado a pulso el desprestigio que hoy mantienen.

Correo reviso el historial de los 130 parlamentarios que obtuvieron una curul en la actual gestión, del total, al menos 60 tienen un cuestionamiento grave.

Las polémicas van por celebrar su cumpleaños en medio de una pandemia que mató a miles de peruanos, por contratar a sus parejas y/o amigos en sus despachos, por tener familiares que ganaron contratos con el Estado a pesar de que existen un impedimento, por recortar el sueldo de sus trabajadores, así como por estar denunciados en hechos de corrupción relacionados al gobierno del golpista Pedro Castillo (ver infografía).

Es decir, un 46% del Congreso de la República ha estado bajo los reflectores de la prensa y la mirada crítica de la ciudadanía.

CASOS

El primer en ser noticia fue José Luna Gálvez (Podemos), quien acudió hasta la sede del auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura para recibir su credencial como congresista electo. Él tuvo que pedir autorización al Poder Judicial porque en junio de 2021 cumplía una orden de arresto domiciliario por una investigación por los delitos de cohecho activo específico y organización criminal.

El segundo lugar fue para Rosselli Amuruz de Avanza País que celebró su cumpleaños en la terraza del hotel BTH, en San Borja, durante la emergencia por el COVID-19.

En la misma bancada está María Cordova, acusada de hacer trabajar a la coordinadora de su despacho en la empresa de su pareja.

Otro caso que levantó polvareda es un audio en el que César Acuña, líder de APP, le pidió a Lady Camones agilizar un proyecto de ley para favorecerlo. En el material no se registró un reclamo de su parte. Finalmente, la censuraron de la presidencia del Congreso.

Además, si nos referimos a casos muy preocupantes tenemos el de Pasión Dávila (Bloque Magisterial), suspendido por propinarle golpes a su colega Juan Burgos.

Freddy Díaz, expulsado del Parlamento -aunque de manera tardía- tras una denuncia de violación sexual a una trabajadora de su despacho.

Roberto Sánchez (Cambio Democrático), quien tiene en su haber una acusación constitucional aprobada por los delitos de rebelión y conspiración, por el golpe de Estado que dio Pedro Castillo.

Una situación similar a la de Betssy Chávez, aunque ella fue destituida del Parlamento.

Al estilo del Ejecutivo, el Congreso también tiene un prófugo. Se trata de Wilmar Elera, vacado de su cargo luego de que se emitiera una orden de detención en su contra para cumplir una condena de seis años por el delito de colusión.

EN GRUPO

Hay al menos cuatro congresistas cuestionados por hechos ocurridos durante su gestión.

Rosángela Barbarán (FP) viajó a Cajamarca durante año nuevo, con un boleto pagado por el Congreso.

Ella mencionó que viajó a esa región para participar de una actividad política. Sin embargo, por coincidencia, su pareja vive en Cajamarca.

La Procuraduría le ha solicitado a la Fiscalía el inicio de diligencias preliminares por el caso.

La congresista Margot Palacios (Perú Libre) viajó a Suiza en febrero de este año para participar de una actividad. Ella fue criticada, porque en ese momento, su región Ayacucho estaba paralizada por las protestas.

Su colega Kelly Portalatino presentó un proyecto de ley que la beneficiaría, porque podría acceder a una especialización como médica. Sin embargo, retiró la iniciativa por las críticas.

José Balcázar de Perú Bicentenario fue captado bebiendo licor durante la semana de representación en Lambayeque.

También está el grupo relacionado a algún hecho de la gestión de Pedro Castillo.

Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) fue implicado en la trama de una red de espionaje para atacar a los opositores del expresidente.

El legislador Guillermo Bermejo (Cambio Democrático) tenía un plan para el cierre del Congreso que implicaba a Antauro Humala, según la versión de Héctor Valer.

Además, de acuerdo a testimonios de colaboradores eficaces, Luis Picón habría concertado su voto para no vacar a Castillo a cambio del nombramiento de un funcionario en el Instituto Nacional Penitenciario, mientras que Carlos Zeballos (Podemos) hizo lo mismo a cambio de manejar Migraciones.

Por otro lado, hay un grupo de congresistas denominado “Los Niños”, quienes se habrían habrían puesto a disposición de Castillo a cambio de beneficios.

Originalmente estaba integrado por seis legisladores de Acción Popular. Sin embargo, cuando avanzaron las investigaciones más parlamentarios fueron sindicados.

Incluso, 15 viviendas de congresistas fueron allanadas en un megaoperativo denominado “Los pequeños II”, en el marco de las investigaciones relacionadas a la presunta organización criminal que lideró Castillo.

CONTRATOS

Finalmente está el grupo de legisladores cuyos familiares contrataron con el Estado. Por ejemplo, los cuñados de Waldemar Cerrón (Perú Libre) contrataron con el Estado por más de dos millones de soles entre setiembre de 2021 y mayo de 2022.

Mientras que otros contrataron a sus parejas o hermanos de sus parejas. Tal es el caso de Roberto Kamiche (Cambio Democrático), denunciado por contratar a su pareja Katherine Cruz como asesora de su despacho.

Por último, están los casos de congresistas denunciados por recortar el sueldo de sus trabajadores. Una de ellas, Rosío Torres, no tuvo mejor idea que borrar el chat con su sobrino Juan Torres -presuntamente encargado de cobrar el dinero- al verse descubierta.