Después de un año, dos meses y 13 días, Alberto Otárola deja el cargo de presidente del Consejo de Ministros en la gestión de Dina Boluarte.
Tras la difusión del audio que confirmó que mantuvo una relación sentimental con la joven Yaziré Pinedo, quien obtuvo contratos con el Estado, la presidenta optó por bajarle el dedo a su mano derecha antes que el Congreso se encargue de censurarlo y la crisis política se acreciente.
El anuncio de su salida la dio el mismo Otárola en una declaración extensa ante los medios de comunicación.
SALIDA
Alberto Otárola regresó al Perú ayer por la tarde desde Canadá, tras un pedido expreso de la presidenta Boluarte para resolver su situación.
Al promediar las 5:38 de la tarde, Otárola ingresó a Palacio acompañado de su comitiva y en su vehículo oficial para reunirse con la mandataria en su despacho.
Dos horas después, los periodistas que se encontraban en los exteriores de Palacio de Gobierno fueron invitados a pasar, pero no les ofrecieron detalles de si Otárola daría un pronunciamiento solo o con todo el Gabinete Ministerial.
Así, Otárola se extendió en un extenso discurso para hablar de su vida y trayectoria profesional, que según él, “siempre han estado marcados por la ética y el servicio al país”.
También aprovechó para referirse a su participación como premier en contra de las protestas violentas que se desencadenaron tras el golpe de Estado que dio Pedro Castillo.
“Con la presidenta Boluarte hemos defendido de manera incansable el Estado de derecho en el Perú y hemos enfrentado la violencia”, afirmó.
En otro momento, dijo no tener dudas de que el expresidente Martín Vizcarra se encuentra detrás de todo lo revelado.
“En las últimas horas, el país ha sido testigo de un complot, una conspiración contra el premier, una operación mediática y política planificada durante meses”, indicó.
Sin embargo, limpió a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, de haber participado en un presunto complot para sacarlo del puesto.
“Me sorprendió la mención de Nicanor. Estoy seguro que no está detrás de la confabulación. Se debe investigar la imputación falsa, pretenden que regresemos al caos”, dijo.
Además, relató que durante la conversación que tuvo con la presidenta Boluarte, le anunció su decisión de presentar su renuncia, para que ella pueda recomponer su Gabinete “como lo estime conveniente”.
También señaló que se someterá a las investigaciones, pero aprovechó para cuestionar el trabajo de la prensa.
“Aquí lo que ha existido son los identificados pseudoperiodistas, la generación planificada y concertada de los informes escandalosos para que al día siguiente se creen carpetas fiscales. Eso ha funcionado todos los domingos en confabulación con aquellos corrupción que hoy se están acogiendo a la colaboración eficaz”, mencionó.
Al finalizar sus dichos, se retiró entre aplausos de los trabajadores de la PCM y sin responder ninguna de las interrogantes de los periodistas presentes en el lugar.
Más tarde, se conoció la breve carta de dimisión que le presentó a la mandataria.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi saludo y, al mismo tiempo, presentar ante su Despacho mi renuncia al cargo de Presidente del Consejo de Ministros”, se lee en el documento.
“Le reitero, señora presidenta, mi agradecimiento por la alta confianza depositada en la gestión que lideré por 440 días, así como mi estima personal”, concluye la carta.
LOS PREVIOS
Aunque Otárola haya asegurado que decidió presentar su carta de renuncia para darle tranquilidad a Boluarte Zegarra, lo cierto es que su salida ya estaba definida desde antes de su regreso al Perú.
La prueba es la reunión que convocó Boluarte en Palacio ayer por la mañana.
Los primeros ministros en llegar un poco después de las siete de la mañana fueron Eduardo Arana (Justicia), Daniel Maurate (Trabajo), Javier González-Olaechea (Relaciones Exteriores), Julio Demartini (Desarrollo e Inclusión Social) y Hania Pérez de Cuéllar (Vivienda).
Dos horas después se sumaron Víctor Torres (Interior), Carol Urteaga (Cultura), Juan Carlos Mathews (Comercio Exterior y Turismo), Walter Astudillo (Defensa), Nancy Tolentino (Mujer), Jennifer Contreras (Midagri), Juan Carlos Castro (Ambiente), entre otros.
Fuentes de Correo refirieron que durante la reunión, a los jefes de los Gabinetes de Asesores de los diferentes ministerios les solicitaron un balance de su gestión.
Incluso, antes de que Otárola diera una declaración a la prensa, el ministro de Relaciones Exteriores Javier González - Olaechea se refirió a un “próximo Gabinete” durante una actividad oficial en Torre Tagle.
El canciller relató que después de haberse reunido con la mandataria desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, lo único que podía transmitir es que habrá un relanzamiento de las políticas generales del Gobierno que “incluirán algunas reformas para que la presentación y sustentación de la confianza del próximo Gabinete no sea un trámite, sino una segunda oportunidad, un segundo oxígeno”.
Sobre esta declaración, Otárola calificó al canciller de “desubicado” por adelantar un anuncio que no le correspondía y que por respeto debía hacerlo él.
MEDIDAS
En paralelo, el Congreso de la República adelantaba acciones por el caso de la presunta contratación irregular de la expareja sentimental de Otárola.
Al cierre de esta edición se presentaron tres denuncias constitucionales con el objetivo de inhabilitar a Alberto Otárola de la función pública.
La denuncia de Elías Varas (Perú Bicentenario) acusa a Otárola de la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible; además, plantea inhabilitar por 10 años para ejercer la función pública.
La denuncia de Margot Palacios (Perú Libre) que fue anunciada el lunes, es por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Finalmente, la denuncia planteada por Juan Burgos (No agrupado) incluye los siguientes delitos: Colusión, concusión, patrocinio ilegal, peculado de uso y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
El legislador también solicita que Otárola no pueda ejercer funciones con el Estado por al menos 10 años.
Los tres documentos deberán ser evaluados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, posteriormente podrían pasar a la Comisión Permanente y finalmente, al Pleno del Congreso.
De esa manera, la Fiscalía podrá avanzar con las indagaciones contra Otárola sin inconvenientes.
