Un nuevo enfrentamiento a la vista. Esta vez se trata del Congreso y la Fiscalía.
Y es que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, advirtió que impedirá un eventual allanamiento a los despachos de los parlamentarios que se encuentren investigados por el Ministerio Público (MP).
Como se recuerda, la fiscal suprema Delia Espinoza, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, incluyó a 14 congresistas en la investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien es sindicada por presuntamente liderar una organización criminal.
LA HISTORIA
El viernes por la noche, el congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Existen comentarios de allanamientos a los domicilios y despachos de los congresistas en las próximas semanas, motivado aparentemente por la fiscal Delia Espinoza”.
Aseguró que el único objetivo de la fiscal es amedrentar a los congresistas que presentaron la denuncia constitucional en su contra y que pide su inhabilitación.
“Siempre he estado y seguiré a disposición a cualquier investigación contra mi persona, pero no se puede permitir politizar la justicia haciendo show mediático”, escribió en X (antes Twitter).
Horas más tarde, Alejandro Soto, congresista de Alianza para el Progreso (APP) y titular del Parlamento, compartió el mensaje de su colega y envió una advertencia.
“Lo que señala el congresista Tello sería un hecho muy grave. Como presidente del Congreso garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado”, aseguró.
ANÁLISIS
El penalista Andy Carrión aseguró que el titular del Parlamento no puede impedir un allanamiento en las instalaciones.
“Si hay una autorización judicial, los congresistas deben respetarlo”, afirmó.
En diálogo con Correo, sostuvo que si Soto Reyes impide una diligencia estaría desobedeciendo una resolución judicial, en consecuencia, podría ser denunciado por la presunta comisión del delito de desobediencia a la autoridad.
En el mismo sentido se pronunció el penalista Fernando Silva, quien recordó que todos los ciudadanos del Perú están en el deber y en la obligación de obedecer las órdenes judiciales.
“Si hay una orden de allanamiento en las oficinas de altos funcionarios, esta se tiene que cumplir. No permitirlo es un desacato y estamos hablando del delito de desobediencia a la autoridad”, precisó.
Sin embargo, consideró que los oficiales de la Policía que se encuentran al interior de Palacio Legislativo difícilmente sigan una eventual orden del legislador Soto para impedir una diligencia, porque “tienen una formación en la que conocen que deben obedecer las órdenes judiciales”.
DETALLES
Tello es uno de los padres de la patria que se quejó de un eventual allanamiento al Congreso.
De acuerdo con la declaración de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, se reunió con el legislador en la oficina de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo.
Allí, el exasesor fiscal le pidió que emita su voto a favor de inhabilitar a Zoraida Ávalos. A cambio, Tello pidió el archivo de dos investigaciones que tiene en Fiscalía: Una por el delito de tráfico de influencias y otra por un caso de “mochasueldos”.
En la lista de los mencionados por Villanueva también está el titular del Congreso, Soto Reyes.
Según su testimonio, el apepista le pidió que lo apoyen en la investigación que inició el Ministerio Público por el caso conocido como “fabrica de trolls”, es decir, que archiven su proceso.
A cambio, este priorizaría en el Pleno la moción para investigar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Aunque no son los únicos, porque también destaca el nombre de Patricia Chirinos (Avanza País).
De acuerdo con el testimonio de Villanueva, él coordino con la legisladora para presentar la moción para investigar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por falta grave.
Además, Chirinos se comunicó con él por WhatsApp en mayo de 2023 porque quería presentarle a Luis Aragón de Acción Popular, quien tenía una investigación y quería el archivo a cambio de votar a favor de la inhabilitación de Ávalos (ver infografía).
POSIBILIDAD
Por otro lado, cinco de los 14 congresistas investigados presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza, por haberlos incluido en la pesquisa del caso Benavides.
Los parlamentarios consideran que Espinoza no tiene la potestad para investigarlos, sino el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, por ser altos funcionarios.
No solo piden acusarla por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones, sino que también solicitan inhabilitarla de la función pública por 10 años.
Al respecto, el abogado Carrión explicó que si bien los congresistas tienen la prerrogativa de ser investigados únicamente por la Fiscalía de la Nación, sus casos pueden ser encargados a otros fiscales como ha ocurrido antes.
Como ejemplo citó el caso de “Los Niños” que involucra a integrantes de la bancada de Acción Popular. Sin embargo, las diligencias están a cargo del fiscal adjunto supremo Marco Huamán.
Dijo que la ley no contempla casos en los que el fiscal de la Nación no pueda participar o inhibirse por ser testigo, por lo que podrían interponer un reclamo ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“Podría ser hasta contraproducente que ellos como investigados denuncien constitucionalmente a quien los está investigando, porque están generando un peligro de obstrucción a la justicia”, agregó.
Por su parte, Silva indicó que los fiscales de la Nación tienen asistentes y personal en su despacho, por lo que Delia Espinoza podría estar al cargo de la investigación sin inconvenientes.
“Debe haber algún acuerdo de la Junta de Fiscales que le encarga la facultad a la fiscal Espinoza (para investigar a los legisladores)”, indicó.
