El juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique por el Caso Interoceánica Sur llegó a su fin.
El Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional informó que el lunes 21 de octubre a las 2 de la tarde, dará a conocer el adelanto del fallo de la sentencia.
La Fiscalía pide para el exmandatario 20 años y seis meses de cárcel por los delitos de colusión y lavado de activos por haber recibido, presuntamente, un soborno de 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio de entregar la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.
De ser condenado, Toledo sería el primer exjefe de Estado que va a prisión por un caso vinculado a Odebrecht.
SUSTENTO
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público (MP), cuando Toledo ejercía como presidente en el 2004, hizo un pacto ilícito con la empresa Odebrecht para favorecerla en el proyecto de la carretera Interoceánica que conecta Perú y Brasil.
Para esconder la millonaria coima, Toledo utilizó a Josef Maiman, empresario israelí, como su principal testaferro.
Este último creó una serie de empresas offshore para recibir las cantidades, dinero que finalmente llegaba a manos del exmandatario.
¿Cómo sustenta el MP la acusación contra Toledo? A lo largo del proceso se han presentado una serie de elementos que ponen en aprietos a Toledo.
Uno de ellos es la declaración de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, quien afirmó en su declaración que le entregó 27 millones de dólares en sobornos -a través de Maiman- a Toledo, en varios pagos hasta el año 2010.
Barata aseguró que la constructora le entregó 4 millones de dólares a Toledo a fines de 2006 como una especie de adelante. Incluso, aseveró que en algunas oportunidades el dinero fue entregado en la casa de Toledo, en Camacho en La Molina.
Otro elemento importante es la declaración del fallecido Josef Maiman, quien fue amigo de Toledo.
“El 22 de enero de 2020, el testigo (Maiman) señaló que a fines del 2004, Toledo le manifestó (preguntó) si estaba dispuesto a ayudarlo en la recepción de fondos. Maiman había aceptado ser el receptor”, fue uno de los argumentos del fiscal José Domingo Pérez al sustentar la acusación.
Además, la Fiscalía argumentó que al juicio han acudido diferentes peritos que han advertido de la inusitada celeridad con que se aprobaron los estudios de factibilidad del proyecto.
“El proyecto no era viable. Los peritos indicaron que este no iba a ser aprobado. El señor Toledo solicita que este proyecto sea sometido al proceso de otorgamiento de concesión lo más pronto posible”, indicó el fiscal Pérez.
Además, la Fiscalía recordó que el 21 de diciembre de 2004, el expresidente Toledo firmó una resolución en la que se encargó al comité de Proinversión la conducción del proceso.
Precisamente, el 19 de enero del año siguiente se hizo la convocatoria y el 23 de junio de ese año, la empresa Odebrecht ganó la licitación.
IMPORTANTE
La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, se pronunció ad portas de la sentencia contra Toledo.
“Creo que la Fiscalía ha hecho su trabajo, porque ha acreditado todo esto con pruebas, están los testimonios, la evidencia documental, las pericias que dan cuenta del perjuicio generado al Estado”, indicó.
Además, destacó las declaraciones de Jorge Barata y Josef Maiman antes mencionadas.
En diálogo con la prensa, Carrión calificó el caso de Toledo como uno de los más importantes y emblemáticos, porque evidenció como el funcionario público más alto de un país ha cometido actos de corrupción.
“Diría que de la región, es el caso más grave de corrupción respecto a un presidente de la República. Este caso en la historia judicial de nuestro país, representa la toma de decisión de un caso importante sobre cómo se sancionan a funcionarios de alto perfil”, afirmó.
Las declaraciones se Carrión se dieron en los exteriores de la sala Dinoes que se encuentra ubicada al lado del penal de Barbadillo.
Cabe precisar que desde la Procuraduría, el pago de reparación civil que se ha solicitado por el caso es de 1,375 millones de soles y 463 millones de dólares.
DESPEDIDA
En su última intervención por el cierre del juicio oral, el expresidente Toledo tomó la palabra con la voz entrecortada.
“De todo corazón, hasta este instante no entiendo por qué estoy involucrado en esto”, afirmó el exmandatario.
Además, hizo un recuento extenso de sus orígenes, los estudios que realizó en el extranjero y algunas de las acciones que hizo durante su gobierno para impulsar el crecimiento económico.
En otro momento, Toledo hizo referencia al fallecido Maiman, quien fue su amigo.
“Es un gánster a nivel internacional con corbatas y avión propio. Se acercó a nosotros”, afirmó.
En un intento por evadir su responsabilidad, el exmandatario aseguró que tiene información de la ruta del dinero que surgió de la complicidad entre Maiman y Odebrecht.
Por otro lado, Toledo dijo que contrató a personal especializado para ubicar a Urs Frick, funcionario del banco suizo LGT que estuvo a cargo de manejar las cuentas de Josef Maiman.
Este personaje intentó ser ubicado durante el proceso de investigación, a fin de incorporar su declaración. Sin embargo, no fue ubicado.
“Les pido que abran mis cuentas. Vivo de ser profesor, de mis conferencias internacionales y las regalías de mis 16 libros. Los invito a hacer un escrutinio de mis ingresos”, afirmó.
Toledo reiteró una frase que también utilizó el ahora fallecido Alberto Fujimori: “¡Quiero decirles públicamente que yo soy inocente. Nunca hice ningún arreglo con el señor Barata, menos con el señor Maiman!”, agregó.
Finalmente, el exmandatario apeló a sus problemas de salud para salvarse de una eventual condena.
“Les pido por favor que la decisión que ustedes tomen, tengan en cuenta que tengo un cuadro de salud muy complicado, tengo cáncer, tengo problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años. Si esto va a continuar, les pido por favor déjenme defenderme desde mi casa. Quiero ir a una clínica privada donde tienen todos mis antecedentes. Les pido por favor, déjenme curar o morir en mi casa”, dijo.
La Sala que resolverá el caso está conformada por los jueces Zaida Pérez Escalante (presidenta), Inés Rojas Contreras y Richarth Quispe Vilcampoma.
Los mencionados magistrados tienen en sus manos el futuro del expresidente.
