:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/Q2Q5YJNS35BZPOENJHTHA5VP7U.jpg)
El expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva, investigado en el caso Odebrecht, se encuentra ad portas de volver a prisión domiciliaria si prospera el pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Penal Transitoria.
MIRA: Proética tras discurso de Pedro Castillo: “Es necesario que las investigaciones sean prolijas e independientes”
El argumento central del Ministerio Público es que Villanueva estaría mostrando desde hace más de dos años
una actitud obstruccionista al negarse a pagar la caución de S/100 mil que adeuda al Estado desde diciembre de 2019.
La fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas precisó que en el caso de Villanueva existe, además, el peligro de fuga en vista que carece de arraigo laboral y familiar.Detalló que el expremier carece de una familia dependiente de él: no convive con su esposa y sus cuatro hijos son mayores de edad, y económicamente independientes.
OÍDOS SORDOS
En enero de 2021, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, cuyo titular es el juez supremo Hugo Núñez Julca, conminó a Villanueva a cumplir con el pago de la reparación civil.
Se sabe que el político ofreció un inmueble en la región San Martín como parte de pago.
MIRA: Patricia Chirinos pide información a Migraciones sobre israelí Ari Ben-Menashe
El juez no aceptó por hallarse el inmueble con dos hipotecas: Una de $82 mil a favor del Banco Internacional y otra por S/100 mil que se ventila en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.
Según la Fiscalía, Villanueva es investigado, en el caso Odebrecht, por la presunta recepción de pagos por un monto total de $320 mil a cambio de favorecer a la constructora brasileña con la adjudicación de la carretera San José de Sisa, en el periodo de su gestión como gobernador regional de San Martín( 2007- 2013).
Villanueva también es investigado por delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal al ser acusado de contubernio con un fiscal a cuyo hijo contrató como su defensor técnico con el propósito, según la Fiscalía, de afectar la investigación en su contra.
