Andrea Pereyra

El Pleno del Congreso de la República decidió este miércoles dar curso a la acusación constitucional N.° 355 contra la expresidenta del Consejo de Ministros y exparlamentaria Betssy Chávez.

La medida fue impulsada por el Ministerio Público, que la sindica como presunta responsable de los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado.

La denuncia fue presentada por la Fiscalía de la Nación en abril de 2023. Según el documento, Chávez habría intervenido para facilitar el acceso a puestos de trabajo en instituciones públicas a favor de familiares de quien sería su pareja, Abel Sotelo Villa.

Estas presuntas irregularidades habrían ocurrido mientras ejercía como congresista y, posteriormente, cuando asumió los cargos de ministra de Trabajo y de Cultura.

El caso fue evaluado en diferentes instancias parlamentarias antes de llegar al Pleno. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales emitió en noviembre de 2024 un informe final recomendando el levantamiento del antejuicio político.

Dicho informe señalaba la supuesta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, regulado en el artículo 399 del Código Penal, así como el de tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400. Posteriormente, la Comisión Permanente ratificó esa posición el 23 de mayo de 2025.

En la sesión plenaria, se desarrolló un debate en el que legisladores expusieron argumentos tanto a favor como en contra de aprobar la acusación.

La jornada incluyó también la participación de Raúl Noblecilla, abogado defensor de Chávez, quien intervino en representación de la exfuncionaria para presentar los descargos correspondientes.

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La acusación fue impulsada por la Fiscalía de la Nación en abril de 2023.