El Poder Judicial aceptó a trámite la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato para incorporar a la empresa Westfield Capital Limited —relacionada con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski— como “tercero civilmente responsable” dentro de la investigación preparatoria por el caso de la carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, vinculada a Odebrecht y en la que también están comprendidos varios exministros de Estado.
El juez Jorge Chávez Tamariz dispuso la misma medida respecto a la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, vinculada al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, amigo del exjefe de Estado, quien también está incluido en esta investigación preparatoria.
A través de una resolución emitida el pasado 1 de septiembre, a la que accedió RPP, el magistrado resolvió admitir el requerimiento presentado el 16 de junio por la defensa legal del Estado peruano. Según precisó, este cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal, al incluir los datos de las empresas y de sus representantes legales, las razones que sustentan la pretensión, la relación de dichas compañías con los hechos investigados y la documentación que respalda su derecho.
Chávez Tamariz ordenó que el requerimiento sea notificado a las demás partes procesales para que presenten sus observaciones. En caso de registrarse alguna oposición, se convocará a una audiencia virtual para su evaluación y posterior pronunciamiento sobre el caso.
Si el magistrado admite el pedido de la Procuraduría Ad Hoc, las empresas quedarán obligadas a asumir el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano, en caso los implicados en este proceso penal no puedan cubrirla con sus propios bienes.
El Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato incluyó en esta investigación a Pedro Pablo Kuczynski, por su rol como funcionario durante el gobierno de Alejandro Toledo, junto con un grupo de exministros de Estado y otros implicados, a quienes se les imputa el presunto delito de colusión agravada.
El 22 de octubre de 2024, se condenó al exmandatario Alejandro Toledo a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos en perjuicio del Estado, en el marco del caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres.
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