La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que propone que los partidos políticos no sean objeto de sanciones por un juez, como la suspensión de sus actividades, la disolución y el cierre de sus locales.
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Este martes 6 de marzo, el grupo de trabajo presidido por Martha Moyano (Fuerza Popular) acordó aprobar con 14 votos a favor, 2 en contra y una abstención la medida contempla de que los partidos no puedan ser sancionados judicialmente.
Durante el breve debate, Moyano explicó que la iniciativa pretende establecer que los delitos cometidos por algún directivo o militante de una agrupación política sean considerados de carácter personal.
Asimismo, destacó que las organizaciones políticas están regidas por la Ley de Organizaciones Políticas y, por lo tanto, deben ser sancionadas de acuerdo con los criterios establecidos en esa normativa.
La presidenta de la comisión también hizo hincapié en que la Corte Suprema dictaminó en 2017 que “los partidos políticos no pueden ser equiparados a organizaciones criminales”.
Aún cuando el directivo cometa delitos, deben asumirse de manera individual, y será su partido quien señale la separación o expulsados”, puntualizó.
La parlamentaria Gladys Echaíz (Renovación Popular) expresó que la norma no es indispensable debido a la existencia de un pronunciamiento previo de la Corte Suprema, aunque considera que aprobarla “tendría sentido” para prevenir confusiones entre los fiscales.
“Las personas jurídicas son sancionables, pero hay fiscales que no saben diferenciar a las personas jurídicas, que nacen con fines ilícitos, de las organizaciones políticas, que nacen y crecen con la finalidad de fomentar, de darle estabilidad a un país. Si la ley tiene como finalidad evitar confusiones en los fiscales, sí tendría sentido, pero de otra manera no”, sostuvo.
Por otro lado, Waldemar Cerrón, promotor de la iniciativa, afirmó que “la justicia está integrada por hombres que también tienen una posición política, pudiera entenderse que si quiero eliminar a un partido político, empiezo a tildarlo de organización criminal”.
“Hay muchos casos de dirigentes que han sido o están siendo investigados. ¿Por eso vamos a tildar a los partidos de organización criminal, pese a que han pasado todos los filtros para su inscripción?”, manifestó.
Más adelante, el parlamentario afirmó que cuando un partido político gana las elecciones, también se convierte en un poder del Estado. Esto fue en contraposición a la opinión expresada por su excolega de bancada, Víctor Cutipa, quien consideraba que los partidos deberían ser susceptibles de investigaciones penales, ya que los afiliados y la dirección del partido podrían cometer delitos que podrían ser dirigidos desde la organización política.
De plano nadie dice que un partido político es una organización criminal, pero no podemos negar que un partido político en el tiempo puede convertirse en una organización criminal”, aseveró Cutipo.
En su intervención, Alejandro Muñante (Renovación Popular) solicitó a la presidenta de la Comisión de Constitución la elaboración de un marco normativo para que el Jurado Nacional de Elecciones supervise a los partidos políticos y pueda anular su inscripción en caso de conductas abiertamente antidemocráticas.
Por otro lado, Patricia Juárez (Fuerza Popular) elogió el dictamen y expresó que este “pone las cosas en su verdadera dimensión”. También señaló que desde hace tiempo se ha observado una situación de persecución y criminalización de la política, lo que ha resultado en una persecución contra los líderes de los partidos políticos.
