Congresistas de distintas bancadas se pronunciaron sobre el Decreto de Urgencia 010-2025, que plantea medidas excepcionales para la reorganización de Petroperú, en el marco de la mesa de trabajo “La privatización de Petroperú: consecuencias para los consumidores”, organizada por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

La presidenta de la comisión, Katy Ugarte, advirtió que, pese a que el Ejecutivo sostiene que el decreto busca asegurar el abastecimiento de hidrocarburos, no se han establecido garantías claras para proteger los derechos de los consumidores ni el interés nacional ante un eventual proceso de privatización.

Desde una posición crítica, el congresista Hamlet Echeverría Rodríguez alertó sobre los efectos de una menor presencia del Estado en el mercado de combustibles, al señalar que recientes incrementos de precios ya impactan en la economía familiar.

En contraste, Rosangella Barbarán Reyes (FP) sostuvo que el decreto apunta a una reorganización necesaria para evitar el colapso financiero de la empresa, aunque coincidió en que la protección del consumidor debe ser prioritaria.

Waldemar Cerrón Rojas (PL) cuestionó la constitucionalidad del decreto y advirtió que podría favorecer una mayor concentración del mercado, mientras que Isabel Cortez Aguirre (NoA) señaló que se omite que el Estado es uno de los principales deudores de Petroperú.

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