Tras la elaboración una propuesta de dictamen conjunta entre la Comisión Especial Proinversión y la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financieras, el pleno del Congreso de la República aprobó la ley que mejora los costos y plazos de obras por administración directa, a fin de evitar que muchos proyectos queden paralizados.
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“De esta manera se permitirá que las obras que ejecuta el Estado mediante esta modalidad, principalmente usada por gobiernos regionales, provinciales y distritales, se concluyan en los plazos establecidos, evitando paralizaciones por cuestionamientos”, señaló el congresista Eduardo Castillo Rivas, presidente de la Comisión Proinversión de Legislativo.
De acuerdo a la norma, el objeto de esta ley es regular el proceso de ejecución de obras por administración directa, para que estas se realicen en mejores condiciones de “calidad, costo y plazo” con le objetivo de que los recursos del Estado sean usados de manera eficaz, eficiente y transparente.
Al respecto, el legislador fujimorista Castillo Rivas manifestó que en el país existen más de 2 mil 300 obras paralizadas y, gran parte de ellas, fueron ejecutadas bajo la modalidad de administración directa.
“Por ello, se pretende evitar que esta situación se incremente y que por el contrario las obras que la población necesita se concluyan y sean entregadas en los plazos señalados. Está ley exige implementar mayores candados al momento de ejecutar la obra y a su vez generando mayor transparencia en la misma”, sostuvo el parlamentario.
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