La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgarle 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que pueda investigar la denuncia constitucional presentada en contra del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas.
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Con 25 votos a favor, ningún voto en contra y una sola abstención se dio ese plazo para abordar la denuncia constitucional. La mencionada subcomisión del Parlamento, que preside Lady Camones, deberá elegir a un congresista para que esté a cargo de la investigación y presente su informe final en dicho plazo.
Se trata de la Denuncia Constitucional 469 interpuesta por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra Jorge Salas Arenas en su condición de juez supremo de la Corte Suprema de Justicia como presunto instigador del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La denuncia fue presentada en marzo pasado, al considerar que Salas Arenas, como juez supremo, presuntamente logró que el exjuez del Callao Walter Ríos contrate irregularmente a su asesor Pavel Vladimir Cárdenas Peña en 2017.
Sobre ello, el presidente del JNE negó haber cometido algún delito; incluso anteriormente, dijo que estaba a favor de dejar su antejuicio para ser investigado.
Sin embargo, no es la única denuncia constitucional que vio la Comisión Permanente este 4 de de julio. También agendó otra denuncia contra Salas Arenas, la cual fue presentada por Rosselli Amuruz, de Avanza País, la misma que fue declarada procedente por el presunto delito de colusión, e improcedente por nombramiento ilegal del cargo. Este caso se refiere a que presuntamente contrató de manera irregular al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta.
Dicho documento deberá ser aprobado en la subcomisión y en la Comisión Permanente, para que después sea derivado al Pleno del Congreso.
Rosío Torres
También, con 26 votos a favor y 1 en contra, se dio el plazo respectivo para investigar la Denuncia Constitucional 456 interpuesta por Juan Carlos Villena, en su calidad de fiscal de la Nación, contra Rosío Torres Salinas en su condición de congresista por el presunto delito de concusión, referido al recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho.
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