La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha requerido al Estado peruano que presente sus observaciones sobre la solicitud de medidas provisionales formulada por los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Ello luego que el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la ley de prescripción de casos de lesa humanidad cometidos antes del 2002.
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Esta semana, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, un dictamen que establece que ninguna persona pueda ser procesada, sancionada o condenada por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos ocurridos con anterioridad a julio de 2002.
Este sábado 8 de junio organizaciones defensoras de derechos humanos en Perú informaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Perú presentar sus observaciones, hasta el 12 de junio próximo, sobre la solicitud de medidas provisionales en los casos mencionados de violación de derechos humanos.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) informó a través de su cuenta oficial en la red social “X” que ha presentado, junto a otras cinco entidades civiles, una solicitud de medidas provisionales a la Corte IDH por los casos Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales fue condenado el expresidente Alberto Fujimori.
Junto a Aprodeh presentaron la solicitud el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Una comunicación firmada por el secretario de la CorteIDH, Pablo Saavedra, confirma la recepción de la solicitud hecha el viernes sobre las medidas cautelares y en la que también piden que se ordene al Estado peruano interrumpir el trámite legislativo del proyecto de ley que busca precisar los alcances del delito de lesa humanidad.
Polémica propuesta
La polémica propuesta se aprobó en primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones. La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión de Constitución, fue la encargada de sustentar la propuesta.
La iniciativa aún deberá ser refrendada en una segunda votación en un plazo de siete días antes de ser enviada al Ejecutivo para su eventual promulgación o devolución con observaciones.
La norma a la que algunos legisladores de izquierda han llamado como la nueva “Ley de amnistía” plantea también eximir de responsabilidad a militares y policías procesados por delitos de violaciones de derechos humanos, cuyos procesos han sido señalados por la Fiscalía como crímenes de lesa humanidad.
Sigrid Bazán de Cambio Democrático - Juntos Por el Perú refirió que esta iniciativa generará impunidad y recordó que el expresidente Alberto Fujimori fue sentenciado por delitos de lesa humanidad.
El congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático) consideró que se pretende dar impunidad a los miembros del Grupo Colina. “El proyecto trata de limpiar a las Fuerzas Armadas y a los militares. Tenemos que rechazar profundamente esta iniciativa. Sabemos que instancias internacionales van a observar la ley”, afirmó.
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