La presidenta de la República, Dina Boluarte, responderá ante el Ministerio Público por las muertes en las protestas que se dieron durante los primeros meses de su gestión, entre diciembre del 2022 y enero 2023, donde los manifestantes pedían su renuncia y el cierre del Congreso.

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La mandataria deberá acudir a la sede principal de la Fiscalía y deberá responder las interrogantes del despacho del fiscal adjunto supremo Marco Huamán a raíz de una denuncia por los presuntos delitos de genocidio, homocidio calificado  y lesiones graves.

En declaraciones ante la prensa, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, señaló que su patrocinada responderá a todas las preguntas que le realicen y que no se acogerá a su derecho al silencio, tal como lo hacía el expresidente Pedro Castillo cuando tenía que responder ante las autoridades.

“La presidenta no va a usar el silencio como un medio de defensa, eso está clarísimo. Vamos a responder todas las preguntas a la Fiscalía (...)Si hay una pregunta que no tiene que ver con los hechos no se respondería”, sostuvo al ingresar a la sede principal del Ministerio Público, ubicado en la avenida Abancay.

La investigación preliminar contra Boluarte fue abierta por la Fiscalía de la Nación el pasado 11 de enero. La indagación también incluye al actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien, durante las protestas, tenía el cargo de ministro de Defensa.

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