El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, rehuye de la prensa si le preguntan por los diferentes cuestionamientos que pesan sobre los integrantes de la bancada que tiene su partido en el Congreso.
Lo cierto es que desde que APP obtuvo un espacio en el Parlamento no ha dejado de traer personajes con señalamientos, con un pasado cuestionable, con procesos judiciales y denuncias que han aparecido en el camino.
De acuerdo con información revisada por Correo, la organización política que le pertenece al hoy Gobernador de La Libertad, ha puesto al menos a 26 de estos “padres de la patria” (ver infografía).
INICIOS
APP participó por primera vez en las elecciones del año 2011 dentro de Alianza para el Gran Cambio, que estuvo integrada también por el Partido Popular Cristiano (PPC), el Partido Humanista y Restauración Nacional.
En aquella oportunidad, el partido APP obtuvo dos curules: Richard Acuña y Luis Iberico.
El primero es hijo de César Acuña, que también ocupó el mismo cargo en 2016.
Fue en el año 2019 cuando la Fiscalía de la Nación le abrió una investigación por patrocinio ilegal luego de que se informara que se presentó ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) como representante de la Universidad Señor de Sipán, de la que además es apoderado, miembro del directorio y accionista.
En el 2016 llegarían nuevas autoridades al Parlamento de la mano de Acuña Peralta.
Uno de los más recordados es César Vásquez, que hoy es ministro de Salud.
Con denuncias por abuso de poder, extorsión y otros delitos desde el 2009 a la fecha. Sin embargo, el caso más grave fue su vinculación a la red criminal “Los Temerarios del Crimen” liderado por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.
Según la hipótesis fiscal, la red cobraba coimas a cambio de obras, mientras que Vázquez era el encargado de direccionar los proyectos a través de la Comisión de Presupuesto del Congreso.
La exlegisladora Marisol Espinoza fue investigada por la Fiscalía por actos vinculados a la red “Los Wachiturros de Tumán”, grupo que operó en la empresa azucarera Tumán.
La apepista fue sindicada de recibir dinero a cambio de favorecer la permanencia de la administración judicial vinculada al empresario Edwin Oviedo Picchotito, esto mediante su votación a favor de una ley de protección patrimonial.
También destaca el nombre de Benicio Ríos que fue recluido en el penal Quenccoro tras ser sentenciado a siete años de prisión por el delito de colusión.
Su encierro se concretó en 2018, es decir, cuando se desempeñaba como parlamentario.
Así como Ríos, en el 2019 también fue recluido en un penal el congresista Edwin Donayre por el caso Gasolinazo.
El legislador estuvo prófugo tras recibir una sentencia de cinco años y siete meses por el robo de combustible que se hizo a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur durante el año 2006, cuando Donayre se desempeñaba como comandante general de la Región Sur del Ejército Peruano.
Uno más que pisó la prisión fue César Villanueva, quien fue detenido en 2019 mientras era investigado en el caso Odebrecht por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.
Un año después recibió su libertad, pues se le dictó arresto domiciliario por 18 meses.
BREVE
En el año 2020, el Congreso tuvo un breve período pero con apepistas que marcaron la agenda con sus cuestionamientos.
En este grupo figura Omar Chehade, a quien la Fiscalía le abrió una investigación en 2011 por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Fue señalado de mediar a favor del grupo económico Wong para que la Policía realice un desalojo intempestivo de los trabajadores de la azucarera A ndahuasi.
Humberto Acuña, hermano de César Acuña, también figura en la lista. El Poder Judicial lo condenó a tres años de prisión suspendida por haber autorizado la entrega de un soborno a un policía que lo investigaba.
También fue sentenciado suspendida de cuatro años el legislador Moisés González. El renunciante de APP fue hallado culpable del delito de colusión por haber intervenido en procesos de adjudicación de obra cuando fue alcalde de Querocotillo en Cajamarca entre 2011 y 2014.
Perci Rivas recibió una sentencia de un año, 10 meses y 18 días de pena suspendida por el delito contra la fe pública, esto luego de haber elaborado un documento falso con la inscripción de un movimiento regional.
Además, está Mario Quispe con una investigación por el delito de colusión con defraudación patrimonial. La Fiscalía también inició una pesquisa contra Walter Benavides. Cuando fue gerente subregional de Cutervo le pidió al Ministerio de la Mujer la adjudicación de bienes para atender el estado de emergencia por las lluvias. Sin embargo, habría sustraído los bienes.
Fernando Meléndez fue investigado por lavado de activos en un caso vinculado al tráfico ilícito de droga.
Lusmila Pérez Espíritu también fue electa legisladora por APP, a pesar de que la Fiscalía le abrió investigaciones por hechos vinculados a su gestión como alcaldesa de Luyando (Huánuco), en casos relacionados a favorecimiento de empresas, peculado y contaminación del medio ambiente.
Otro nombre a destacar es el de Luis Alberto Valdez, muy cercano a Acuña, a quien la Fiscalía investigó por omisión de actos funcionales. Él fue denunciado porque como gobernador de La Libertad se ausentó del Perú sin tomar acciones frente al Niño Costero.
Por otro lado, están los que cometieron faltas éticas como Alexander Hidalgo que utilizó un vuelo humanitario para viajar a Cusco y Marco Verde Heidinger que fue captado bebiendo licor durante el estado de emergencia, pese a las restricciones.
ACTUALIDAD
Los congresistas electos por Alianza para el Progreso (APP) para el período 2021-2026 tampoco son los mejores.
Uno de sus casos más graves fue el Freddy Díaz, denunciado por violación sexual y que hoy se encuentra con prisión preventiva.
A él se suma Luis Picón, detenido fue detenido tras ser declarado reo contumaz en octubre del año pasado. Finalmente, su sentenciado a cuatro años de pena suspendida por el delito contra la administración pública.
Mientras que Elva Julón omitió declarar en su declaración jurada el nombre de su conviviente, una autoridad en Cajamarca.
Un nombre que destaca es el de Alejandro Soto, actual presidente del Congreso. Sobre él pesan acusaciones por contratar a la hermana de su pareja, por el plagio de sus tesis de maestría y doctorado, así como porque habría pedido “aportes voluntarios” a los trabajadores de su despacho con el fin de usar ese dinero para promocionarlo en redes sociales.
También fueron señalados de recortar el sueldos de sus trabajadores los legisladores Magaly Ruíz, María Acuña, Rosío Torres y Heidy Juárez.
En la actualidad, estos casos son denominados los “mochasueldos”.
Mientras que Cheryl Trigozo fue denunciada por utilizar a un trabajador de su despacho para pactar contratos de presentaciones artísticas en horario laboral.
Si bien los casos de “mochasueldos” fueron blindados en la Comisión de Ética, todavía siguen su proceso en la Fiscalía de la Nación.
Cabe precisar que si bien no todos los legisladores mencionados se mantienen en APP o fueron expulsados, lo cierto es que llegaron al Congreso con el partido de Acuña.
ANÁLISIS
Para el analista político Enzo Elguera, lo que vemos es producto de una organización que creció de una manera no organizada cuando se trata de filtros.
“Se debe exigir una calidad necesaria, porque esto va a repercutir en los destinos del país”, señaló a Correo.
El experto consideró que si APP tuvo un proceso de aprendizaje con anteriores elecciones, entonces tiene mayor responsabilidad con los personajes cuestionados que pone en sus listas.
“Si esto termina siendo reiterativo respecto a los parlamentarios que estoy llevando como partido, evidentemente tengo que ser responsable. Las acciones no solo deben ser condenatorias sino con castigos ejemplares. Esto ensombrece el legado de la organización política”, dijo.
Además, cuestionó la falta de autocrítica de parte de César Acuña. Para el CEO de la encuestadora IMASOLU, es probable que algún vocero le haya recomendado no declarar sobre estos temas debido a que expresarse no es una de sus mejores cualidades
“Él puede salir o algún vocero, tal vez sus asesores le hayan aconsejado que no hable con la prensa sobre estos temas. Pero la comunicación política es importante para resolver crisis”, sostuvo.
Finalmente se refirió a las posibilidades electorales de APP para el 2026. Y es que indicó que debido a la gran cantidad de partidos inscritos que se tendrán para ese año, probablemente será muy difícil difundir un mensaje para los electores.
“APP va tener además una doble responsabilidad. No solamente en no repetir más de lo mismo, sino también en contribuir. Debe traer candidatos con solvencia moral y calidad profesional. No podría escudarse ni lavarse las manos de la ofert electoral que lleve como partido”, concluyó.
