Jueza suprema Elvia Barrios Alvarado. (Foto: Poder Judicial)
Jueza suprema Elvia Barrios Alvarado. (Foto: Poder Judicial)

La jueza suprema titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, consideró una “cortina de humoy “un distractivo” lo señalado por la presidenta Dina Boluarte, quien abrió el debate sobre la aplicación de la pena de muerte para los violadores de menores, a pesar de conocer de la complejidad del tema.

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“Ocurre una gran desgracia que impacta y nos sensibiliza y lo primero que se hace es invocar la pena de muerte, pero qué acto concreto se hace, esto no es más que un distractivo”, aseveró en RPP.

Elvia Barrios recordó que desde años se viene hablando del tema, pero a la fecha no hay nada concreto. “Para mí es una cortina de humo” para tapar los verdaderos problemas del país.

La magistrada criticó a Dina Boluarte, pues señala que las verdaderas intenciones del Gobierno son desviar la atención ante “todos los cuestionamientos”; así como frente “la gran inseguridad ciudadana que tenemos y que no se da solución” y “el gran tema de violencia que afecta fundamentalmente a las mujeres y a las niñas”.

Lamentó que el gobierno de Dina Boluarte no tenga una estrategia adecuada para combatir las problemáticas que enfrenta el país.

“Populismo penal”

En tanto, Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, dijo que el debate de la pena de muerte suele resurgir en momentos de crisis de seguridad, y muchas veces por “populismo penal” o una “cortina de humo” que desvía la atención de problemas estructurales más profundos en el sistema de justicia y seguridad.

Señaló que aplicar la pena de muerte para violadores de menores es complejo y se enfrenta a varios obstáculos jurídicos y políticos. “Yo creo que sí es una cortina de humo, creo que políticamente y la sociedad peruana se ha acostumbrado a consumir productos muy fáciles en lugar de reflexionar y trabajar en beneficio propio”, refirió en Canal N, .

A decir de Ernesto Álvarez, abordar el tema de la pena de muerte puede ser una forma de desviar la atención de la necesidad de reformas judiciales y políticas más profundas, como la mejora en la eficacia de la policía, la agilización de los procesos judiciales, y la lucha contra la corrupción.

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