El juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra comenzó esta mañana, por el caso Lomas de Ilo - Hospital de Moquegua.
En declaraciones a Canal N, Vizcarra reitera su inocencia frente a las acusaciones de la Fiscalía, subrayando que tres de los cuatro delitos en su contra ya fueron archivados.
El expresidente cuestiona la validez del proceso judicial, señalando errores de procedimiento y enfatizando su disposición a colaborar para demostrar que actuó con integridad y transparencia en su gestión pública.
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La Fiscalía pide para el expresidente 15 años de cárcel por el delito de cohecho. Sin embargo, este es solo uno de los siete procesos penales vinculados a presuntos actos de corrupción que acumula el exmandatario y por los que deberá responder ante la justicia en los próximos años (ver infografía).
AVANCES
El primer juicio que afrontará el expresidente Vizcarra es por actos que habría cometido como gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014.
El Ministerio Público señala que recibió un soborno de 2.3 millones de soles a las empresas Obrainsa, ICCG-SA, entre otras, a cambio de otorgar la licitación de los proyectos “Ampliación de la frontera agrícola Lomas de Ilo - Moquegua” y la “Ampliación y mejoramiento del hospital de Moquegua nivel II - 2″.
El Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional integrado por los magistrados Fernanda Ayasta (presidenta), Lorena Sandoval y Giovanni Félix serán los encargados del juicio.
Durante el proceso serán citados testigos y colaboradores eficaces.
El segundo caso más avanzado que tiene Vizcarra se denomina “Chirimayuni”.
En 2011, el Gobierno Regional de Moquegua autorizó la licitación para la construcción de la represa Chirimayuni. Sin embargo, la Contraloría detectó que durante seis meses no hubo personal técnico para supervisar la construcción de la obra.
En 2023, el Poder Judicial (PJ) declaró prescrito el proceso luego de que Vizcarra se acogió a la polémica “Ley Soto”, pero este año la Sala Penal de Apelaciones ordenó continuar con el caso.
Por lo tanto, se deberá emitir la resolución para el inicio del juicio.
En tercer lugar está el caso “Swing”. En 2020 se reveló que el Ministerio de Cultura contrató al cantante Richard Cisneros, señalado como una persona de confianza de Vizcarra durante su candidatura a la vicepresidencia.
El polémico personaje contrató en nueve oportunidades con el Estado por 175 mil soles para dar charlas motivacionales y de liderazgo.
En marzo de este año, el Pleno del Congreso aprobó el informe final del caso que recomienda acusar al expresidente, lo que permite que la Fiscalía avance con las investigaciones.
EN CAMINO
Hay dos casos del expresidente Vizcarra vinculados a su gestión durante la pandemia del COVID-19.
El primero fue llamado “Vacunagate”, pues se reveló que tanto el expresidente, su esposa, su hermano y otros algunos funcionarios fueron inmunizados contra el coronavirus, con dosis que el laboratorio chino Sinopharm entregó de cortesía.
Por este caso, la Fiscalía presentó en 2023 una denuncia constitucional contra Vizcarra por la presunta comisión del delito de concusión.
El caso estuvo congelado por mucho tiempo, pero a mediados de año, la Subcomisión retomó el caso.
El Ministerio Público necesita que el informe sea aprobado por el Congreso para continuar con las investigaciones.
A mediados de este año, la Fiscalía también decidió reabrir el caso por la compra de pruebas rápidas COVID-19.
La tesis sostiene que en la gestión de Vizcarra se hizo una compra irregular de 1.4 millones de pruebas, las que habrían sido ineficaces para detectar la enfermedad.
Este caso había sido archivado inicialmente por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, luego de considerar que no habían elementos suficientes para probar el delito de colusión.
OTROS MÁS
Por último, hay otros dos casos contra el expresidente Vizcarra que avanzan desde este año.
Antes de ser retirada de su cargo, la ahora exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Vizcarra y la exministra de Justicia Ana Revilla, por la presunta designación irregular de Daniel Soria en la Procuraduría General del Estado.
La Fiscalía le imputa al exjefe de Estado el nombramiento de Vizcarra a pesar de que no existió un informe técnico o legal de asesoría jurídica del Ministerio de Justicia, además, no contaba con la trayectoria en defensa jurídica del Estado.
Por ahora, el caso es estudiado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Finalmente, este año la Fiscalía le abrió una investigación a Vizcarra por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión.
La hipótesis fiscal refiere que Vizcarra como líder de la red “Los Intocables de la Corrupción” habría recibido sobornos de parte de diferentes empresas a cambio ed entregar licitaciones de Provías Descentralizado (PVD), una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Por este caso, el congresista Héctor Ventura de Fuerza Popular interpuso una denuncia constitucional ante la Subcomisión.
CASTIGO
Cabe precisar que el expresidente Vizcarra tiene impedimento de participar en procesos electorales.
En 2021, el Congreso aprobó inhabilitarlo para el ejercicio de toda función pública por 10 años, al considerar que infringió varios artículos de la Constitución por vacunarse de manera secreta e irregular.
La medida se aprobó con 86 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
A esto de se le suma la inhabilitación de cinco años que aprobó el Pleno del Congreso un año después.
El motivo: Vizcarra no renunció a sus acciones en la empresa C y M Vizcarra S.A.C. cuando se desempeñó como ministro de Transportes y Comunicaciones en 2016.
ANÁLISIS
Para el penalista Andy Carrión, el caso Lomas de Ilo - Hospital de Moquegua, es uno de los casos más sólidos que tiene la Fiscalía contra el expresidente Martín Vizcarra.
“Así como el fiscal José Domingo Pérez tuvo un caso sólido como el de Alejandro Toledo, creo que respecto a Germán Juárez Atoche tiene abundantes pruebas”, indicó.
En diálogo con Correo, el experto indicó que el Ministerio Público no solo tiene las declaraciones de colaboradores eficaces, sino la trazabilidad del dinero, las cantidades pagadas, las circunstancias, entre otros.
“Eso ameritaría que se le imponga una sentencia condenatoria. No sé si necesariamente por los años que solicita la Fiscalía que son 15 años, pero creo que sí ameritaría la imposición de una sentencia condenatoria. Creo que el elemento fundamental es la entrega de dinero y el favorecimiento de estas dos obras”, precisó.
Además, Carrión estimó que el juicio podría tardar entre seis meses y año, porque a diferencia, por ejemplo, del caso Cócteles, la acusación contra Vizcarra no tiene tantos imputados, sino pocos.
“De alguna manera eso facilitaría que el juicio y las sesiones se lleven adelante en el más breve tiempo, siempre y cuando estas se den de manera permanente y durante muchas horas”, apuntó.
Respecto al recurso legal que interpuso Vizcarra para que se anule la citación al juicio, Carrión consideró que es improcedente pues no tendría ningún tipo de sustento para retrasar el juicio.
“Las partes han sido notificadas con tiempo, no es que los llamaron a juicio de un día a otro. Creo que van a desestimar el recurso y el juicio va a iniciar en la fecha indicada”, afirmó.
