Exministro Silva y ‘Los ‘Niños’ bajo la lupa

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar por presunta corrupción y tráfico de influencias al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y a seis congresistas de Acción Popular, presuntos miembros del grupo ‘Los Niños’.

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De acuerdo con el Ministerio Público, a Silva está vinculado con la investigación Puente Tarata-Provías Descentralizado donde habría cometido hechos irregulares en la licitación de obras, la contratación de funcionarios y favoreció a empresarios privados.

Además, se le imputa ser parte de una presunta red criminal, a la que se habría integrado el año pasado.

LOS NIÑOS.

Los legisladores ‘acciopopulistas’ investigados son: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López.

A ellos se les investigará por tráfico de influencias al supuestamente favorecer en las licitaciones otorgadas a las empresas China Civil Engineering Construction, sucursal del Perú, y China Rallway Tunel Group.

Según la Fiscalía, tendrían una conexión con el dueño de la firma INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., la que habría ganado seis licitaciones irregularmente.

Los parlamentarios habrían dado el nombre de dicha compañía para que tenga participación con las empresas chinas antes citadas.

La indagación surgió a raíz del testimonio que rindió la empresaria Karelim López ante el despacho de la fiscal Luz Taquire, quien elevó un informe del caso a la Fiscalía de la Nación.

Hace unos días, cabe recordar, López ratificó en la Comisión de Fiscalización del Congreso que Silva, legisladores acciopopulistas, el presidente Pedro Castillo y sus sobrinos serían parte de una organización criminal liderada por el mandatario.

Semanas previas había asegurado lo mismo, pero ante el Ministerio Público. No obstante, el fiscal Pablo Sánchez decidió no involucrar esta vez al jefe de Estado en las indagaciones.

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Por la tarde, trascendió que Sánchez adoptó esa postura valiéndose del artículo 117 de la Constitución, que indica que el jefe de Estado no puede ser acusado durante su mandato.